En un pronunciamiento a través de las redes sociales, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, señaló que todo lo actuado por las empresas y el Estado bajo el Decreto 754 "es nulo" tras el reciente fallo de la Corte Constitucional, que dio la razón a la demanda presentada por el movimiento indígena.
Con este instrumento legal emitido por el Gobierno del conservador presidente Guillermo Lasso se busca acelerar los trámites legales para conceder licencias de proyectos de inversión en distintos ámbitos, entre ellos el petróleo y la minería en territorios indígenas.
Su aplicación llevó en meses pasados a enfrentamientos entre fuerzas del orden y habitantes de poblaciones de las provincias andinas de Cotopaxi y Bolívar, donde se buscaba hacer consultas ambientales sobre proyectos mineros.
Iza explicó que el Decreto 754 fue declarado inconstitucional porque los magistrados entendieron que se vulneraban derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas, al mezclar conceptos de la consulta previa, libre e informada, destinada a nacionalidades indígenas; y la consulta ambiental, referente al resto de la población.
"La consulta ambiental no podrá efectuarse a comunas, comunidades y pueblos indígenas, afros y montubios (campesinos de la costa), pues a ellos corresponde una consulta libre, previa e informada", indicó Iza.
"Para las comunidades campesinas y población general, debe aplicarse la consulta ambiental en base a estándares constitucionales, y los registros y licencias deberán estar condicionados al cumplimiento de la consulta ambiental o de la consulta previa", añadió.
En ese sentido, el líder de la Conaie señaló que todo lo actuado bajo el Decreto 754 es nulo y "cualquier intención de avanzar con los proyectos debe empezar desde cero, en lo referente a la consulta previa o ambiental".
"Si las empresas pretenden continuar actuando con base en un decreto inconstitucional, actuaremos con base en un derecho a la resistencia en todos los territorios a nivel nacional", señaló Iza.
Para Iza, el fallo de la Corte Constitucional es "sin duda un triunfo importante de la lucha de los pueblos, porque se ha logrado demostrar que el Gobierno de Lasso usó un decreto ilegal para instaurar concesiones mineras a la fuerza, violando derechos humanos y colectivos".
"Pretendía imponer consultas ambientales y consultas previas de manera ilegal e inconstitucional", agregó.
El presidente de la Conaie recordó que el fallo de la Corte Constitucional también estableció un plazo de un año para que la Asamblea Nacional (Parlamento) elabore una ley de consulta previa, libre e informada y una de consulta ambiental.
Iza adelantó que el grupo parlamentario de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, presentará un proyecto de ley para que sea tramitado en el Legislativo ecuatoriano.