Lasso, de 68 años, cederá a Noboa, de 35, el mando presidencial sin conseguir completar por él mismo el periodo 2021-2025 y tras permanecer dos años y seis meses en el poder, un tiempo marcado al inicio por la vacunación masiva contra la covid-19 y luego por la inestabilidad política que no le permitió sacar adelante algunas de sus políticas bandera.
A ello se sumó la ola de violencia del crimen organizado sin precedentes tanto dentro como fuera de las cárceles, que tuvo su punto más álgido en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, unas fuertes protestas del movimiento indígena contra la carestía de la vida y las políticas económicas del Gobierno, un referéndum perdido y un caso de presunta corrupción que catapultó un juicio político en su contra.
Pese a la aparición de su nombre en los ‘Pandora Papers’, los primeros meses del Gobierno de Lasso estuvieron centrados en la rápida y exitosa vacunación contra la covid-19, que permitió que Ecuador fuese uno de los países que más rápido inmunizó a la población y que pudo recuperar la normalidad, lo que le valió felicitaciones y reconocimientos de la comunidad internacional.
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Para finales de 2021 aprobó una reforma tributaria para captar más ingresos que fue muy criticada por la oposición, pero en 2022 no logró sacar adelante en la Asamblea la Ley de Inversiones, otra de las iniciativas emblemáticas de su mandato, y en ese momento optó por no invocar la 'muerte cruzada' como sí le aconsejaban algunos integrantes del Gobierno.
Sin embargo, a las pocas semanas, la Asamblea a la que había dejado continuar hizo su primer intento por destituirlo por la gestión de las protestas del movimiento indígena, que paralizó el país durante casi tres semanas y en las que murieron siete personas, entre ellas seis manifestantes, según organizaciones de derechos humanos, y un militar.
Lasso consiguió salvar esa primera moción de censura y logró que se levantasen las protestas al conceder algunas demandas al movimiento indígena como la reducción de los precios de los combustibles subsidiados y abrir unas mesas de diálogo cuyos acuerdos, según el sector indígena, están aún en varios casos pendientes de cumplimiento.
Derrotado en su propio referéndum
Con una Asamblea cada vez más girada en su contra, para febrero de 2023 buscó el apoyo popular mediante un plebiscito, con el que pretendía sacar adelante reformas en la Constitución en asuntos clave para la crisis de inseguridad, cambios en instituciones estatales y una serie de políticas ambientales.
Sin embargo, las urnas le dieron un serio revés a Lasso ya que el 'No', promovido por la oposición, ganó ampliamente en las ocho preguntas, a la vez que el correísmo salía fortalecido de la cita electoral al ser el gran triunfador de las elecciones locales.
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Debilitado por el resultado electoral, el mandatario se vio a los pocos días más golpeado al salir a la luz una aparente trama de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico que presuntamente encabezaba su cuñado, el empresario Danilo Carrera.
A ello se agregó la develación de un informe policial que apuntaba a presuntos nexos con una mafia de narcotraficantes de un amigo de Carrera presente en la trama, que fue asesinado semanas después.
‘Muerte cruzada’ contra juicio político
Esto fue utilizado por la oposición en la Asamblea, liderada por el correísmo, para promover un juicio político contra Lasso, pero la Corte Constitucional sacó este caso de la acusación y solo aceptó que se abriese el proceso por otra causa: un presunto peculado (malversación) en la flota estatal de petróleo.
Cuando la Asamblea se disponía a poner a voto su destitución como paso final del juicio político, Lasso invocó la 'muerte cruzada' en un episodio inédito desde la entrada en vigor de la Constitución de 2008, y posteriormente decidió no presentarse a la reelección ni tampoco presentar un candidato oficialista.
Los últimos seis meses de Lasso han sido los más tranquilos de su mandato, no exentos de críticas, sobre todo al ser asesinado Villavicencio y al saltar una crisis energética que no se vivía en el país desde 2009, con apagones programados por la escasez de la electricidad, producto de una histórica sequía en las principales centrales hidroeléctricas de Ecuador.