STOP dio cuenta de esa tendencia en un informe con el Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco, que documenta los esfuerzos gubernamentales para proteger las políticas de salud pública según el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco.
"Ningún país fue inmune a la intensificación de los esfuerzos de la industria para influir a su favor en la política y en quienes la elaboran", indica un comunicado de STOP, que clasifica a 90 países en su nuevo Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera, un informe que cumple su cuarta edición.
El informe revela un deterioro en las puntuaciones de 43 países y pone en la cola a República Dominicana, Suiza, Japón e Indonesia, donde la industria tiene gran presencia, mientras que alerta de que Argentina, EE.UU. y otros países que no han ratificado el CMCT de la OMS "se enfrentan a altos niveles de intromisión" de la industria del ramo.
Brunéi, Nueva Zelanda, Francia, Países Bajos y Botsuana obtuvieron las mejores puntuaciones, y hubo 29 países que mejoraron, varios situados en el continente africano, donde la industria "se dirige cada vez más" a los consumidores y es "urgente avanzar en la protección de las políticas", señala la nota.
STOP criticó "la búsqueda agresiva por parte de la industria de crear condiciones favorables para nuevos productos adictivos como los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado (HTP) y las bolsitas de nicotina" y su éxito en Egipto, Kenia y Uruguay, donde se levantaron las prohibiciones sobre ellos.
Del otro lado, Argentina, Brasil, México, Nicaragua y Panamá prohibieron los cigarrillos electrónicos y los HTP a pesar de la presión de la industria.
La investigadora Mary Assunta, autora principal del Índice y que pertenece a las dos organizaciones que lo respaldan, urgió a los gobiernos a seguir el artículo 5.3 del CMCT de la OMS, que les insta a limitar las interacciones con las tabacaleras a lo estrictamente necesario y a ser transparentes.
Asimismo, arremetió contra las estrategias de responsabilidad social corporativa de la industria tabacalera, que consideró "una miseria en comparación con el costo de los daños que causa, lo que los gobiernos podrían recaudar en ingresos fiscales y las decenas de miles de millones de dólares en beneficios" de esas empresas.
En ese ámbito, en al menos 15 países, incluidos Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay, las limpiezas de colillas de cigarrillos realizadas por la industria obtuvieron el respaldo de gobiernos e instituciones públicas.
Muchos gobiernos aceptaron este tipo de ofertas de "caridad", con el efecto de tener que negociar compromisos en torno a sus políticas, por problemas globales como el impacto persistente del COVID-19, los desastres naturales y la creciente necesidad de proteger el medio ambiente, explica.
STOP se autodefine como "un organismo de control de la industria tabacalera mundial cuya misión es exponer las estrategias y tácticas de esa industria que socavan la salud pública" y está financiado por la fundación "Bloomberg Philantropies", del empresario Mike Bloomberg.