Otros tres periodistas fueron reubicados dentro del país tras ser intimidados, de acuerdo al seguimiento que realiza la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) y la Fundación Periodistas Sin Cadenas, encargadas de velar por la libertad de prensa y los derechos de los comunicadores.
Las amenazas de muerte se han concentrado en periodistas que han revelado casos sensibles políticamente o bien que han investigado el funcionamiento de las bandas criminales o que han cubierto algún crimen perpetrado por estas, en el marco de una ola de violencia sin precedentes que se vive en Ecuador y cuyo caso más brutal fue el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto.
Para la SIP, esto es producto de "auge de las bandas del crimen organizado, y la ineficiencia de los organismos de seguridad y la falta de respuesta del Gobierno del presidente Guillermo Lasso".
A criterio de las autoridades, las mafias del narcotráfico y el crimen organizado están detrás del repentino ascenso de homicidios en los últimos años en Ecuador, que ha pasado de una tasa de 5,8 por cada 100.000 habitantes a 25,62 en 2022, y según expertos el 2023 puede rondar los 40, lo que le situaría como uno de los países más violentos de Latinoamérica. Esposos exiliados
Entre los periodistas que salieron del país destacan los esposos Andersson Boscán y Mónica Velásquez, ambos periodistas del medio digital La Posta, cuyo equipo al completo recibió amenazas tras revelar una presunta trama de corrupción en empresas públicas, liderada aparentemente por el empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso.
También difundieron un informe policial sobre una investigación donde se apunta a posibles nexos con una mafia del narcotráfico del empresario Rubén Chérres, amigo de Carrera e involucrado en trama de compañías públicas que manejaba presuntamente contrataciones, que fue asesinado tras la revelación de ese informe.
Boscán y Velásquez salieron de Ecuador a finales de julio al denunciar que iban a ser víctimas inminentes de un atentado, y regresaron en octubre, el mismo día que la Fiscalía anunció que formularía cargos por delincuencia organizada contra Carrera y los demás implicados. "Silencio" del Gobierno
Fuera de Ecuador permanece la periodista especializada en temas de seguridad Karol Noroña, del portal GK, que fue la primera de las nueve en exiliarse.
"Los nueve tuvimos que dejar nuestros hogares, nuestras familias y varios de mis colegas han tenido que dejar incluso a sus hijos", relataba esta semana Noroña en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que trató la situación de libertad de prensa en Ecuador y las vulneraciones a sus periodistas".
Noroña explicó que las amenazas vinieron a raíz de sus denuncias "por las vulneraciones a los derechos humanos en las prisiones y la gobernanza criminal, los vínculos del Estado con el crimen organizado y la complicidad de funcionarios estatales en las masacres carcelarias".
"Ni mi caso ni el de mis colegas ha merecido siquiera un pronunciamiento del Gobierno de Guillermo Lasso. Tampoco hubo apoyo para precautelar nuestras vidas. Solo silencio", lamentó la periodista. Más de 220 agresiones
Noroña señaló que Fundamedios ha documentado más de 220 agresiones a la prensa este año y la Fundación Periodistas Sin Cadenas, 257; "más de la mitad son amenazas de muerte".
Como ejemplos de las agresiones y amenazas, la SIP recoge entre varios casos el de Lissette Ormaza, presentadora de noticias de Majestad Televisión, de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien fue víctima de un atentado mientras se movilizaba en su vehículo el 23 de junio.
En octubre un periodista recibió amenazas de muerte tras publicar un artículo en el diario El Universo donde le señalaban que "por sapo (curioso) te vamos a matar", y siete días después él y su madre fueron perseguidos por hombres en una motocicleta.
También en octubre, aparecieron panfletos en Manta y Quevedo que llevan como firma “Cartel Jalisco Nueva Generación”, donde se amenazaba a los periodistas con que no deben grabar en vivo y publicar los videos de las víctimas del sicariato (asesinatos por encargos).