La herramienta digital Mapa de Costas registró casi una denuncia por cada una de la totalidad de las playas (1.225) que hay en el archipiélago, según el comunicado de Amigxs del M.A.R.
El Mapa de Costas permite a la ciudadanía visibilizar información sobre las construcciones, ventas, cierres de accesos o acciones que afectan los ecosistemas playeros de la isla; denuncias que luego son comprobadas sobre el terreno y validadas por la organización ecologista.
La plataforma se activó durante el mes de abril y, en tan sólo 30 días, recibió 231 denuncias provenientes de todo Puerto Rico, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra.
A este número total se sumaron otras 15 denuncias de otras problemáticas ambientales como uso de vehículos en las costas, descargas de aguas usadas y depósito de escombros (vertederos clandestinos).
Los datos recopilados incluyen información y la geolocalización de estructuras abandonadas, estructuras o terrenos con rótulos de permisología, construcción activa, remoción vegetal o de terreno y cierre o bloqueo de acceso al mar o playa.
"En los viajes de campo que realizamos para certificar las querellas, pudimos ver otras problemáticas en la misma calle y a veces en el mismo lote donde se había estipulado la denuncia", informó Vanessa Uriarte, directora ejecutiva de la organización.
De los hallazgos más relevantes, se destacan la inacción de parte de las agencias gubernamentales ante las querellas realizadas por diferentes ciudadanos y el aumento de construcciones en áreas de la costa sureste de la isla.
"En la mayoría de las denuncias observamos que las personas expresaron su experiencia en cuanto al bloqueo de acceso a playas que solían visitar por generaciones. Este cierre es prueba del continuo e incesante destierro/desplazamiento de las comunidades costeras de sus espacios", explicó Gabriela Vélez, codirectora de la organización.
La campaña busca dar voz a los ciudadanos que sufren estos problemas y constatar que la crisis en las costas es un problema de país y no casos aislados.
También impulsar una política pública para la protección, administración y manejo de los bienes de dominio público marítimo-terrestres.
La ONG trabaja para que sean aprobados los proyectos que crearían la Ley de la Zona Costanera de Puerto Rico y la Ley de Moratoria de Construcción en la Zona Costera.