En un comunicado, el Ministerio Público informó de su decisión de acumular los expedientes fiscales del caso “Encuentro”, referente a una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde está inmerso Carrera, con el caso “León de Troya”, centrado en los nexos de su amigo Rubén Cherres con presuntos narcotraficantes.
A partir ahora ambas carpetas fiscales pasarán denominarse como el caso "Encuentro" por parte de la Fiscalía, que hizo este anuncio pocas horas antes de que se celebre la audiencia de formulación de cargos contra Carrera y otras seis personas más, entre ellos varios exfuncionarios de empresas estatales.
En esa audiencia se determinará si el proceso pasa a instrucción fiscal y la condición en la que seguirán los imputados, donde la Fiscalía podría demandar hasta prisión provisional contra ellos.
En un comunicado, el Ministerio Público señaló que "luego de encontrar hechos relevantes en el proceso de investigación, y tras un proceso de análisis profundo, ha determinado la presunta existencia de un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública".
Este esquema “incluiría varias instituciones del Estado” como BanEcuador, Aduanas y la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) “en el caso ‘León de Troya’ que se relacionan con el caso ‘Encuentro’”, sostuvo la Fiscalía.
El primer caso trata sobre una presunta trama de corrupción que manejaba contrataciones en empresas del sector público, en particular eléctricas, y que presuntamente tendría como cabecilla a Carrera, por lo que en un inicio este caso se llamó como "El Gran Padrino".
El segundo caso comenzó a raíz de un informe policial que investigaba los presuntos vínculos de Cherres con la denominada "mafia albanesa" de narcotraficantes.
Cherres, amigo personal de Carrera que también formaba parte de la trama operadores del primer caso, fue asesinado junto a otras tres personas a finales de marzo, tras revelarse el caso "León de Troya".
Ambos casos salieron a la luz por revelaciones del medio digital La Posta y el primero de ellos impulsó por parte de la oposición que lideraba el correísmo un juicio político contra Lasso en la Asamblea Nacional (Parlamento), si bien finalmente no formó parte de la acusación final al ser excluido por la Corte Constitucional.
El juicio político no llegó a culminar ya que Lasso optó por aplicar la “muerte cruzada” cuando la oposición se aprestaba a votar su destitución.
Con ese mecanismo constitucional, el mandatario disolvió la Asamblea Nacional y forzó unas elecciones extraordinarias en las que el joven empresario Daniel Noboa fue escogido para completar el periodo 2021-2025 que le correspondía haber culminado a Lasso.