Bolsonaro "nunca mostró simpatía por los principios democráticos" y "desde el primer día de Gobierno atentó contra las instituciones del Estado", afirmó la senadora Eliziane Gama, relatora del grupo parlamentario, al presentar el texto, que será sometido a votación en una sesión prevista para este miércoles.
El informe acusa a Bolsonaro de haber sido el "mentor intelectual y moral" del movimiento golpista y pide, bajo la teoría jurídica del "dominio del hecho", que sea imputado por los supuestos delitos de asociación ilícita, violencia política, abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado.
Asimismo, propone que sean imputadas otras 55 personas, entre las cuales figuran cinco exministros del Gobierno que presidió el líder de la ultraderecha (2019-2022), excomandantes de la Marina y del Ejército y una veintena de militares, así como la diputada Carla Zambelli, una reconocida voz del bolsonarismo.
El informe redactado por la senadora Gama como relatora de la comisión, fue rechazado por el bolsonarismo, que ya ha anunciado que presentará un documento paralelo, el cual acusará al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de "omisiones" en el área de seguridad que "facilitaron" la acción de los vándalos.
El documento elaborado por Gama presenta, a lo largo de 1.100 páginas, un relato minucioso sobre lo ocurrido en el país a partir del 30 de octubre del año pasado, cuando Lula se impuso en las urnas a Bolsonaro.
Cita los bloqueos de carreteras realizados por camioneros, los campamentos ante cuarteles del Ejército para exigir una intervención militar, atentados frustrados en Brasilia y discusiones en el seno del Gobierno para impedir la investidura de Lula, materializadas en un borrador de "decreto golpista" hallado por la Policía.
Según Gama, todo eso lleva a concluir que el asalto a los tres poderes del Estado del 8 de enero fue solo el corolario de una trama golpista que comenzó a gestarse "antes" de que Lula fue proclamado ganador de las elecciones de octubre y que cobró fuerza "a partir de ese momento", a fin de "impedir que un supuesto comunismo se apropiara del país".
El informe, que también vincula ese movimiento a la "generalizada difusión de mentiras" y "discursos de odio" en las redes sociales, será votado este miércoles por la comisión, dominada por el oficialismo, y si fuera aprobado será luego remitido a la Fiscalía General y a los tribunales.
El trabajo de la comisión parlamentaria, sin embargo, va a remolque de la investigación en la Justicia, que ha aceptado las denuncias presentadas contra 1.390 acusados de la asonada, de los cuales seis ya han sido condenados a penas que llegan a 17 años de prisión.
La investigación judicial no ha concluido e intenta identificar a quienes financiaron el movimiento y a sus "autores intelectuales", entre quienes figura como sospechoso el propio expresidente Jair Bolsonaro.