El embajador nicaragüense en China, Michael Campbell, firmó el memorando para que la empresa china Huadian Overseas Investment, "una de las más grandes y de mayor trayectoria", haga los estudios de diseños, financiación y construcción de la hidroeléctrica Tumarín y la represa Mojolka, dijo la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.
Un proyecto de 1.100 millones de dólares
La hidroeléctrica Tumarín en Nicaragua es uno de los grandes proyectos de infraestructura impulsados sin éxito hasta ahora por el Gobierno del sandinista Daniel Ortega.
En julio de 2009, la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó una ley que habilitaba la ejecución del proyecto Tumarín en Apawás, una comunidad de difícil acceso ubicada en el municipio de La Cruz de Río Grande, 470 kilómetros al noreste de Managua, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
El proyecto consistía en la construcción de una generadora hidroeléctrica con una extensión de agua de 2.590 hectáreas y que produciría 253 megavatios de energía.
El plan era trasladar a los habitantes de Apawás a un sitio seguro, con casa para cada familia, servicio de agua potable, energía eléctrica, tres iglesias (dos evangélicas y una católica), una casa comunal y un centro comercial, previo pago por sus tierras.
El costo total de Tumarín inicialmente sería de 800 millones de dólares y posteriormente fue elevado a 1.100 millones de dólares.
Ortega había invitado a Lula
En su momento Ortega lo anunció como lo que era: el proyecto de generación eléctrica más grande en la historia de Nicaragua, y hasta lanzó una invitación pública al entonces y actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para colocar la primera piedra.
Para esa obra, las autoridades garantizaron la financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), principal entidad de fomento del Gobierno de Brasil, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el conglomerado Queiroz Galvão, y que se gestionaba la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
La concesión para la construcción y operación de esa hidroeléctrica nicaragüense fue otorgada por 30 años al consorcio encabezado por Eletrobras, el mayor grupo eléctrico de Brasil y que es controlado por el Estado, y la empresa privada brasileña Queiroz Galvão.
En 2016, tras cinco años de retrasos, la crisis política brasileña y el caso Lava Jato, los ejecutivos brasileños decidieron abandonar el mega proyecto de energía en Nicaragua.