“Los miembros de la Unión Europea abdicaron de su responsabilidad de garantizar el escrutinio internacional de los graves abusos cometidos en Etiopía al no renovar la comisión de expertos”, lamentó la directora ejecutiva de la organización defensora de los derechos humanos, Tirana Hassan, en un comunicado emitido a última hora del miércoles.
"Para las numerosas víctimas de atrocidades en Etiopía que depositaron sus esperanzas en la comisión, este es un golpe devastador", añadió Hassan.
HRW publicó este mensaje después de que este miércoles venciera el plazo para presentar resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a favor de extender la ICHREE, cuyo mandato terminará a finales de este mes sin que ningún país haya pedido su ampliación.
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La UE, que impulsó en 2021 el establecimiento de la comisión y en 2022 su renovación, no actuó en esta ocasión a pesar de que el último informe de los expertos, publicado este martes, advertía de un "riesgo abrumador de que las atrocidades continúen en Etiopía", once meses después del acuerdo de paz que puso fin a dos años de guerra entre el Gobierno central y la región norteña de Tigré.
Antes, en otro informe publicado el pasado septiembre, la comisión alertó de que siguen cometiéndose crímenes de guerra y contra la humanidad en el norte del país africano.
Según los expertos de la ONU, ni el conflicto ni las "graves y sistemáticas violaciones de la ley internacional" se han resuelto, mientras las tensiones se han recrudecido en otras regiones, como Amhara, Afar y Oromía.
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"Aunque la UE hizo circular un borrador de resolución (...) entre los Estados miembros de la UE, la propuesta nunca avanzó. Ni Francia ni Alemania, ambos miembros del Consejo, hicieron esfuerzos diplomáticos serios para movilizar apoyo para renovar la comisión o crear algún mecanismo alternativo", deploró HRW.
Esta semana, de hecho, la UE renovó en Adís Abeba un acuerdo de cooperación con el Gobierno etíope valorado en 650 millones de euros, después de que el bloque europeo suspendiese hace tres años sus ayudas al país por los abusos cometidos en Tigré.
Las autoridades etíopes han dificultado la labor de la comisión y se han opuesto a su renovación, postura compartida por el Grupo regional de África en la ONU, formado por los 54 Estados soberanos del continente, que argumenta que Etiopía ya tomó medidas domésticas para investigar los crímenes.
Sin embargo, los investigadores de la ONU señalaron en su informe que las medidas emprendidas por Adís Abeba son insuficientes, con un "proceso de justicia transicional lleno de defectos".
La guerra comenzó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que gobernaba entonces la región, en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.
Al menos 600.000 personas murieron durante la contienda, según el mediador de la Unión Africana en el conflicto, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.
Pese al acuerdo de paz del pasado noviembre, organizaciones locales y el FPLT han denunciado la presencia de tropas eritreas (aliadas de Adís Abeba en la guerrra) en zonas del oeste y el sur de Tigré, que permanecen cerradas para observadores independientes y periodistas.