Desde la Primera Guerra del Golfo a principios de la década de 1990, la destrucción total causada durante la invasión estadounidense de Irak de 2003, los años de violencia sectaria que se sucedieron y el ascenso y caída del grupo terrorista Estado Islámico, Irak es un país en un proceso de reconstrucción que parece no cesar.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos a la dictadura de Sadam Husein causaron grandes estragos en las construcciones públicas y civiles iraquíes, incluida la infraestructura de servicios como la electricidad o el agua potable.
Legado de la invasión
Ese legado todavía pervive en el país árabe, que a día de hoy es incapaz de proveer electricidad continua a su ciudadanía a pesar de ser el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP.
Tras la invasión de 2003, miles de millones de dólares fueron destinados a la reconstrucción, pero gran parte de este dinero se evaporó debido a la endémica corrupción que padece Irak y de la que también se han lucrado infinidad de contratistas extranjeros.
De hecho, un informe publicado en 2013 por el Inspector General Especial estadounidense para la Reconstrucción de Irak estimó que al menos 8.000 millones de dólares fueron desperdiciados.
La guerra contra el Estado Islámico entre 2014 y 2017 no dio tregua al país, que vio cómo los esfuerzos para reavivar su infraestructura se hacían añicos, causando unas pérdidas adicionales de casi 50.000 millones de dólares solo en infraestructura, según el Banco Mundial y el Gobierno iraquí.
El entramado de corrupción ha llevado a la creación de una burbuja inmobiliaria inconcebible en un país donde un tercio de su población vive bajo el umbral de pobreza: hasta 12.000 dólares puede costar un metro cuadrado en Bagdad.
Esto y el desplazamiento masivo de personas que han huido de las guerras han ayudado a la proliferación de la infraestructura informal y al uso de materiales de muy baja calidad para la construcción, siempre para abaratar costes.
Los altos precios para obtener licencias para establecimientos, viviendas o locales también han supuesto un aumento de las edificaciones ilegales, con todos los riesgos que eso supone.
Fiesta inflamable
Ejemplo de ello es el incendio que ha quemado hasta los cimientos la sala de fiestas Al Haitham Hall, una instalación que las autoridades iraquíes han determinado que no poseía los permisos necesarios y que fue erigida con materiales "altamente inflamables" como placas de plástico.
La sala tampoco contaba con alarmas ni sistemas antiincendios, mientras que las estrechas salidas de emergencia impidieron una rápida evacuación de los asistentes.
El resultado: hasta el momento al menos 114 muertos, más de 200 heridos y una población hastiada de que cualquier instalación sea propensa a la tragedia.
El Gobierno iraquí, por su parte, lejos de aceptar su parte de responsabilidad a la hora de controlar, supervisar y exigir el mantenimiento de infraestructura para uso público, ha emitido órdenes de arresto contra cuatro de los propietarios del local.
Sin embargo, la Defensa Civil iraquí ha admitido que "debe duplicar las inspecciones periódicas de los edificios, centros comerciales, restaurantes, hoteles y salas de celebraciones para garantizar las medidas de seguridad y tratar los posibles peligros".
Ya lo dijo el entonces primer ministro iraquí Mustafa al Kazemi cuando en 2021 un incendio en un hospital de Bagdad se saldó con 82 muertos, un incidente desgraciadamente habitual.
“La negligencia en estos asuntos no es un mero error, sino un crimen cuya responsabilidad deben asumir todos los negligentes”, reconoció.