"En reunión especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) que analiza el peaje impuesto por Argentina se acordó continuar el análisis técnico, entretanto, el vecino país se abstendrá de interponer embargos e interdicciones de las embarcaciones de los países signatarios, por un plazo de 60 días corridos", se lee en la nota.
La Cancillería paraguaya agregó que los países miembros de la CIH -Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay- concluyeron, tras cumplir una reunión en Asunción, "que las informaciones brindadas por el vecino país no han permitido constatar servicios efectivamente prestados a la navegación y siguen siendo insuficientes para justificar la medida conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 del Acuerdo" de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná.
El artículo 9 de este acuerdo "reconoce la libertad de tránsito por la Hidrovía de las embarcaciones, bienes y personas de los países signatarios y solo podrá cobrarse la tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados a los mismos".
Los representantes de los países que integran la CIH también manifestaron sus preocupaciones acerca de la naturaleza discriminatoria de la tarifa de peaje y su posible impacto en la actividad de navegación en la región, sin el consentimiento de todas las naciones involucradas.
En este sentido, reiteraron su solicitud de suspender la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 del Ministerio de Transporte de Argentina y han instado a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.
El pasado 17 de agosto el Gobierno de Paraguay anunció que convocaría a una reunión a representantes del CIH para activar un "protocolo de solución de controversia" ante el cobro del peaje argentino en este corredor fluvial.
Ese mismo día se desarrolló en Buenos Aires una reunión con la representación diplomática de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, a quienes se les presentó la documentación argentina que justifica el cobro de este peaje.
La documentación que entregó Argentina responde a un pedido de la CIH que solicitó en enero pasado un informe técnico que respaldara la aplicación de este arancel.
El pasado 8 de septiembre el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que pedirá un arbitraje internacional, acompañado por los Gobiernos de Bolivia, Uruguay y Brasil, para resolver la controversia con Argentina por este impuesto.
Paraguay se ha declarado contrario a una resolución del Ministerio de Transporte de Argentina que fija, a partir del 1 de enero de este año, una tarifa de 1,47 dólares por tonelada para las embarcaciones de transporte internacional.