Según informaciones de la Administración de Asuntos Sociales del Senado berlinés, reproducidas por diversos medios locales, el cupo de acogida en los centros de la Oficina Regional para los Refugiados está cubierto.
Lo mismo ocurre con el centro de recepción de solicitantes de asilo en el barrio de Reinickendorf y el centro de recepción de ucranianos en el antiguo aeropuerto de Tegel.
Mientras que están ocupadas 31.889 plazas, técnicamente quedaban libres a fecha del 15 de septiembre 274, pero éstas están reservadas para un grupo de solicitantes de asilo que llegarán antes de finales de mes a través de un programa de acogida desde el Líbano.
Hasta finales de agosto solicitaron asilo en Berlín, desde principios de año, 10.000 personas, en su mayoría procedentes de Siria, Turquía y Afganistán, unas 3.000 más que en el mismo periodo de 2022.
A éstas se suman unos 11.000 ciudadanos ucranianos, que tienen derecho a un permiso de residencia temporal de forma automática sin verse obligados a solicitar el estatus de refugiados.
Un equipo de trabajo de la administración berlinesa de Asuntos Sociales se reunirá hoy para tratar de encontrar nuevos espacios en los que alojar a los recién llegados y la senadora Cansel Kiziltepe ya ha avanzado la posibilidad de levantar carpas para este fin.
En los últimos meses ha aumentado el número de migrantes y solicitantes de asilo que llegan a Alemania a través de la frontera con Polonia, pero por el momento el Gobierno encabezado por el socialdemócrata Olaf Scholz se ha negado a introducir controles fronterizos sistemáticos en dicho límite.
Por otro lado, el Ministerio del Interior alemán anunció la semana pasada que ha interrumpido la acogida de migrantes y solicitantes de asilo procedentes de Italia a través del mecanismo europeo de reparto voluntario.
El motivo, según Berlín, es que Roma se niega a recibir de vuelta a quienes son responsabilidad italiana conforme a la norma que estipula que el primer país europeo en registrar a un potencial refugiado debe tramitar su solicitud.
Los municipios alemanes denuncian desde hace tiempo que carecen de los recursos necesarios para gestionar la acogida e integración de los refugiados que se les asignan y los que están gobernados por la oposición conservadora exigen una política migratoria más restrictiva.