El acuerdo se produce tras una investigación “de varios años” realizada por el Departamento de Justicia de California, que determinó que Google engañó a los usuarios haciéndoles creer que no estaban siendo rastreados cuando en realidad sí lo estaban.
“Nuestra investigación reveló que Google les estaba diciendo a sus usuarios una cosa –que ya no rastrearía su ubicación una vez que optaran por no hacerlo– pero hacía lo contrario y continuaba rastreando los movimientos de sus usuarios para su propio beneficio comercial. Eso es inaceptable y responsabilizamos a Google con el acuerdo”, dijo el Fiscal General Rob Bonta
Según los términos del acuerdo propuesto, Google también debe proporcionar más información sobre los datos de ubicación que recopila de los usuarios.
Esta no es la primera demanda que Google ve sobre su función de rastreo de ubicación, ya que el año pasado pagó 85 millones de dólares para frenar otra denuncia similar en Arizona, y luego otros 392 millones de dólares para resolver demandas similares en 40 estados, entre los que estaban Oregón, Nueva York y Florida.
Desde que se produjeron estas demandas por Estados Unidos, Google ha cambiado su herramienta y según dijo hoy portavoz de la compañía, José Castañeda, al medio especializado The Verge las acusaciones están “basadas en políticas de productos obsoletas que cambiamos hace años”.
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