La vista, retransmitida en directo por la mayoría de televisiones y medios israelíes, duró 13 horas y media en un largo debate sobre el abasto del poder judicial y el límite que debe tener el Gobierno en su ejercicio del poder, uno de los asuntos de fondo que dividen a favorables y contrarios de la reforma impulsada por el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, el más derechista de la historia del país.
En la audiencia, los magistrados de la corte escucharon los puntos de vista de letrados de las asociaciones que apelaron contra la ley validada hace apenas dos meses en el Parlamento (Knéset). La norma anuló la llamada cláusula de razonabilidad, y acabó con la capacidad del Supremo para revisar y revocar decisiones del Gobierno en base a si estas eran razonables o no, lo que dio vía de salida a la primera medida de peso del paquete de leyes de la reforma judicial.
Los opositores al plan dicen que este ataca las bases democráticas de Israel, creen que acabaría con la separación de poderes y con la independencia de la Justicia, y aseguran que llevaría al país hacia un sistema autoritario, argumentos que expusieron hoy ante la corte.
"Estamos en medio de un completo golpe judicial", declaró Eliad Shraga, abogado representante de una de las asociaciones apelantes, Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, que aseguró que hay un plan para "desmantelar las estructuras del Estado de Israel" y su "triángulo de oro: los poderes legislativo, ejecutivo y judicial".
También intervino el abogado defensor de la postura del Gobierno, quién aseguró que el Supremo ha tenido un poder ilimitado para condicionar o derogar medidas aprobadas por coaliciones de Gobierno con mandato legítimo al ser elegidas de forma democrática, uno de los principales bazas que hoy defiende la derecha israelí.
Otra intervención fue la de un representante de la fiscal general israelí, Gali Baharav Biara, quién la semana pasada instó al Supremo a tumbar la legislación aprobada en julio al alegar que suponía "un golpe fatal a los cimientos del sistema democrático".
"Nos adentramos en territorio inexplorado, no deberíamos haber llegado a este punto", agregó hoy ante los jueces el representante de la Fiscalía General, lo que ilustra el nivel de complejidad e incertidumbre que ha alcanzado Israel en la situación actual.
La ley abordada hoy en el Tribunal fue aprobada como una enmienda a una de las leyes básicas de Israel, con rango constitucional, y nunca en la historia el Supremo ha intercedido ante una enmienda de una ley básica, por lo que se trata de un escenario sin precedentes.
Ante ello, la presidenta del Supremo, Esther Hayut, aseguró hoy en la audiencia que las leyes básicas no se pueden anular "cada dos días", y que para ello "es necesario dar un golpe mortal a los principios básicos del Estado como Estado democrático".
Esta tarde, hubo protestas del movimiento ciudadano contrario a la reforma judicial en distintos puntos de Israel, tras hacer ayer otra relativa demostración de fuerza, cuando decenas de miles de personas salieron a la calle y se juntaron sobre todo en Jerusalén para apoyar al Supremo y defender la independencia de la Justicia.
Del lado opuesto, miembros del Gobierno y de los partidos de la coalición derechista advirtieron los últimos días que una decisión de la corte contraria a la ley aprobada en julio pondría en jaque a la democracia israelí, y amenazaron con no acatar el fallo.
"Si el tribunal anula las leyes básicas, se convierte en soberano en lugar del pueblo. Este paso extremo socavaría los cimientos de la democracia" y "es una línea roja que no se debe cruzar" dijo esta tarde la fuerza derechista Likud, que lidera el mismo Netanyahu.
Se desconoce cuánto tardarán los jueces en emitir un veredicto. Al finalizar la audiencia de hoy, Hayut dijo a las partes que tienen 21 días para presentar cualquier adenda a sus argumentos.