Las sospechas surgieron después de que se realizaran 18 jornadas médicas asistenciales entre octubre del año pasado y julio de 2023, que tuvieron el objetivo de "determinar las condiciones sanitarias de los centros de detención preventiva y el estado de salud de los privados de libertad".
UVL, que desarrolló estas jornadas junto a la ONG Proyecto Once Trece, no precisó si, tras las sospechas, se realizaron pruebas específicas enfocadas a confirmar o descartar la enfermedad, ni si se aplicó algún tipo de tratamiento a los presos.
Según la ONG, 10.254 privados de libertad conviven en estos 161 espacios, con una capacidad instalada total de 6.028 personas, lo que supone "un hacinamiento del 170 %".
La falta de distanciamiento, sostuvo UVL, "es lo que hace que las enfermedades infecto-contagiosas, como la tuberculosis, la escabiosis (sarna), gripes y covid-19, entre las más comunes, se mantengan en la lista de problemas de salud entre los privados de libertad".
De acuerdo con la ONG, "al menos 8 reclusos murieron" entre octubre de 2022 y enero de este año por "temas relacionados a la salud", sin detallar qué tipo de enfermedades o afectaciones sufrían.
Aunque señaló que, en ese período, se registraron 45 detenidos con VIH/sida y 7 con covid-19, además de 411 con un "cuadro aparente de desnutrición", no explicó si entre estos se encontraba alguno de los que posteriormente fallecieron.
La ONG dijo a EFE que estas cifras, además de las de tuberculosis, corresponden a 161 calabozos evaluados, "de los más de 1.000 que hay en el país", por lo que no descartan que existan otros casos en el resto de los centros de detención preventiva.
Las jornadas médicas se realizaron en Caracas y seis de los 23 estados del país (Miranda, Carabobo, Bolívar, Aragua, La Guaira y Zulia), donde atendieron a un total de 1.276 personas, entre ellas 83 adolescentes y "varias embarazadas".
Por otra parte, según la organización, de los 161 centros de detención, "solo 86 tienen baños y 87 cuentan con agua potable", y "ninguno tiene espacios especiales, capacidad o personal para atender a mujeres embarazadas o personas con discapacidad física o mental".
La ONG subrayó que el Estado venezolano debe desarrollar "políticas públicas para atender a la población reclusa detenida en estos espacios", donde reclusos "pasan años", pese a que "deberían estar solamente por 48 horas".