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El pronunciamiento de instituciones privadas ante el peaje fluvial impuesto por la República Argentina.
En reunión de instituciones logísticas y de comercio cuyos afiliados utilizan la Hidrovía Paraguay-Paraná, realizada el día martes 29 de agosto a las 11:00, se definió lo siguiente.
“Que el acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay - Paraná (Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra) suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, tiene por objetivo establecer un marco normativo común que favorezca el desarrollo, la modernización y la mejora en eficiencia de las operaciones fluviales, facilitando así el acceso en condiciones competitivas a los mercados regionales de ultramar; bajo los principios de: Libertad de Navegación, Igualdad de Tratamiento y Libertad de Tránsito”.
El comunicado agrega que “es importante resaltar que toda acción de uno de sus miembros afecta al resto. Por lo tanto, todas las acciones que tomen los países deben enmarcarse bajo el enfoque de mediterráneos, que tienen derecho de acceso a los océanos consagrados en la Convención del Mar”. Han significado que “estas instituciones privadas apoyan la búsqueda de eficiencia operativa en el marco del Acuerdo, incluyendo obras cuando fuera necesario”.
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“Sin embargo, resulta inconveniente la provisión del servicio tradicional de balizamiento -con boyas estáticas- porque eso no sólo no favorece la navegación, sino que incluso puede llegar a entorpecerla en función del permanente cambio de traza que las corrientes ocasionan en ese tramo del río Paraná”.
Instituciones privadas
El documento denuncia que “en el presente año, el gobierno argentino procedió a instrumentar, de manera unilateral, el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de registro neto al transporte fluvial que circula por el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia”.
Afirman, “este peaje afecta a los usuarios de la región: importadores, exportadores, armadores y prestadores de servicios; no solo a los armadores paraguayos”.
“Este tipo de medidas además de encarecer los bienes de la región, haciéndolos menos competitivos, podría desmotivar el uso de la hidrovía”, advirtieron.
“Las instituciones privadas representativas de los usuarios de la vía navegable de los cinco países signatarios del Acuerdo de “Santa Cruz de la Sierra” entienden que el ámbito propicio para tratar la cuestión, son el CIH y la Comisión del Acuerdo y que este es el marco para la aprobación o no del cobro del peaje”.
Remarcan que “es la intención de todas las instituciones presentes defender de manera decidida el Acuerdo y sus principios por lo que instamos a todos los actores, a los miembros de los gobiernos, a resolver los problemas dentro del marco de la CIH y la Comisión del Acuerdo”.