El informe que publica la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calcula que al menos 120.000 personas trabajan en estas estafas en condiciones abusivas en Birmania (Myanmar) y otras 100.000 en Camboya, entre otros lugares de la región.
Al mismo tiempo, otros países de la zona como Laos, Filipinas o Tailandia, son lugares de destino o de tránsito en los que al menos decenas de miles de personas se han visto afectadas, denuncia el informe, en el que se sostiene que estas redes tienen dos tipos de víctimas: los estafados y las personas forzadas a estafar.
“Las personas obligadas a trabajar en estas operaciones de engaño sufren un trato inhumano mientras son forzadas a llevar a cabo estos crímenes. Son víctimas, no criminales”, destacó al publicarse el informe el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, el austríaco Volker Türk.
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Entre los abusos que según el informe sufren los trabajadores de estas redes, figuran, además del obvio trabajo forzado, las detenciones arbitrarias y la violencia sexual.
En este negocio fraudulento, que genera miles de millones de dólares anuales, las víctimas forzadas a trabajar en las estafas suelen ser hombres adultos (aunque también hay mujeres y menores de edad), indica el informe.
"Muchas son personas con alto nivel de educación, a veces con títulos universitarios o superiores, conocimientos informáticos y capaces de hablar varios idiomas", indica el estudio, en el que se señala que muchas de ellas son forzadas a trabajar en países diferentes al de origen.
Muchos proceden de la región (Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Filipinas, Tailandia, Singapur, Vietnam...) pero también se han identificado trabajadores forzados procedentes de China, Hong Kong, Taiwán, países del subcontinente indio, e incluso africanos y latinoamericanos.
Las redes criminales "actúan cada vez más contra migrantes en situaciones vulnerables", que por ejemplo han quedado bloqueadas en un territorio debido a cierres de fronteras o pérdidas de trabajo ocurridas durante la pandemia de covid.
El informe indica que esa crisis sanitaria iniciada en 2020 también aumentó las estafas a través de internet por su impacto en las actividades ilícitas en la región: así, el cierre de muchos casinos en la zona durante la pandemia produjo un incremento de las actividades online, aprovechando además el mayor tiempo que la gente pasaba navegando durante los peores tiempos de la covid.
La oficina de la ONU subraya que muchos países de la región han intentado poner en marcha medidas policiales y legales para perseguir estas redes de tráfico de personas, aunque en muchos casos fueron insuficientes y no han podido responder adecuadamente a la "sofisticación" de estas estafas.
“Todos los países afectados deben asumir voluntad política para fortalecer el Estado de derecho, incluidos esfuerzos reales para combatir la corrupción, como parte de la respuesta a estas estafas”, destacó el ato comisionado Türk.