“En la actualidad, reservas de suministros vitales como ayudas nutricionales o suministros médicos están retenidas en las fronteras (de Níger) debido a las sanciones. En un país donde las tasas de desnutrición son alarmantemente altas, estos retrasos pueden ser catastróficos”, señaló el director para Níger del Comité Internacional de Rescate (IRC) -una de las organizaciones firmantes-, Paolo Cernuschi.
Así, Cernuschi recordó que el 13 % de la población de Níger padece “inseguridad alimentaria grave”, un problema que se ha exacerbado por los ataques de grupos yihadistas, la ausencia de lluvias y la inflación que ha desencadenado las sanciones contra el país.
"Tenemos el deber moral de actuar con rapidez y decisión. Hay vidas en juego. No podemos permitir que las barreras burocráticas se interpongan en el camino para salvarlas", zanjó en el comunicado firmado en la vecina Nigeria.
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El golpe de Estado en Níger estuvo encabezado el pasado 26 de julio por el autodenominado Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria (CNSP), que anunció la destitución del presidente Mohamed Bazoum y la suspensión de las Constitución.
En respuesta, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) impuso sanciones comerciales y financieras contra Níger, además de poner sobre la mesa una posible intervención militar regional para sacar del poder a la junta militar nigerina.
Sin embargo, los líderes golpistas han hecho caso omiso a las amenazas y anunciaron el pasado 19 de agosto una transición política de una duración máxima de tres años que la Cedeao ha rechazado.
Níger convirtió así en el cuarto país del oeste de África liderado por una junta militar, después de Mali, Guinea-Conakri y Burkina Faso, donde también hubo golpes de Estado entre 2020 y 2022.