La Federación de Movimientos Medioambientales de Corea o la Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU), la mayor del país, llevaron hoy a cabo protestas en la capital, Seúl, y en otras ciudades como Busan, Gwangju o la isla de Jeju.
A su vez, 16 estudiantes resultaron hoy arrestados por intentar acceder sin permiso al interior de la embajada japonesa en Seúl.
Por su parte, el principal bloque opositor, el liberal Partido Democrático (PD), llevó a cabo una protesta hoy en la Asamblea Nacional (Parlamento), donde tiene mayoría y donde ha prometido legislar para prohibir la importación de productos del mar potencialmente expuestos a los vertidos y para endurecer el etiquetado indicando el origen de estos alimentos.
A su vez, gobiernos municipales y provinciales en todo el país prometieron hoy incrementar los controles de radiación sobre pescados y mariscos, mientras que el ministro de Pesca surcoreano, Cho Seung-hwan, insistió hoy en que, "como miembro de la comunidad internacional", Corea del Sur no tiene más remedio que aceptar la decisión de Tokio y recordó que se han aprobado ayudas económicas.
En ese sentido, se ha dispuesto de momento una partida de unos 300.000 millones de wones (unos 227 millones de dólares) para asistir al sector pesquero.
Corea del Sur mantiene además desde 2013 su prohibición de importar productos marinos de ocho prefecturas japonesas cercanas a la accidentada central nuclear.
Japón comenzó este jueves a verter al océano Pacífico agua contaminada procedente de la planta de Fukushima tras ser tratada para retirarle la mayor parte de residuos radiactivos, un proceso que se estima que durará unas tres décadas y que supondrá arrojar al mar más de un millón de toneladas de este líquido.
El agua contaminada es tratada con el sistema ALPS, capaz de retirar por completo 62 tipos de materiales radiactivos, a excepción del tritio y del carbono-14, en un proceso supervisado por las autoridades niponas y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para garantizar que se ajusta a los estándares de seguridad globales.
No obstante, la decisión adoptada por Tokio hace dos años ha generado importantes protestas y malestar en países vecinos como China o Corea del Sur.