El portavoz presidencial Park Ku-yeon envió este mensaje al ser preguntado sobre el tema durante la rueda de prensa diaria de la portavocía surcoreana, coincidiendo con el anunció hoy de la fecha concreta en la que comenzará el vertido, el próximo jueves día 24.
Pese a este visto bueno tácito, Park aseguró que Seúl pedirá a Japón el cese inmediato del vertido si se detectan concentraciones de material radiactivo por encima de los estándares internacionales en aguas cercanas, según informó la agencia de noticias Yonhap.
Tokio anunció este martes la fecha de la primera descarga de agua, unos tres meses después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) le entregara su evaluación del plan del vertido, del que dijo que se ajusta a los estándares consensuados para este tipo de casos.
El OIEA ha abierto una oficina en las inmediaciones de la planta del noreste japonés para supervisar las descargas (que se prolongarán décadas) y su impacto, que en principio considera que debería ser inocuo tanto a nivel humano como medioambiental.
Japón y Corea del Sur han mantenido tres rondas de conversaciones sobre el seguimiento de las medidas del plan, después de que los jefes de Gobierno de ambos países acordaran incluir a expertos surcoreanos en la monitorización.
En las instalaciones de Fukushima Daiichi se están almacenando más de 1,3 millones de toneladas de agua que se compone de la empleada durante el proceso de enfriamiento de los reactores dañados y el combustible fundido a raíz del accidente nuclear de marzo de 2011, así como de filtraciones de agua de lluvia en sus recintos.
Esta agua se ha estado almacenando en tanques tras someterse a un exhaustivo procesamiento para eliminar la mayoría de los elementos radiactivos, pero los recipientes y el espacio de almacenamiento físico en las instalaciones están llegando a su límite, lo que ha llevado al país a optar por vertidos controlados del agua depurada.
La medida ha venido siendo criticada por Corea del Sur desde que se anunciara hace más de un año, aunque el Gobierno central abandonó su postura más crítica tras el respaldo del OIEA.
La oposición surcoreana sigue no obstante presionando contra el vertido y las manifestaciones ciudadanas en contra han sido una constante en el país peninsular.