La denuncia también está dirigida contra el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, entre otros, por considerar que no se cumplieron los protocolos de seguridad ni la protección completa que debía tener Villavicencio, quien tenía un nivel de riesgo del 97 %, determinado por la propia Policía.
Marco Yaulema, abogado de la familia, recordó que Villavicencio realizó investigaciones desde 2007, entre ellas algunas relacionadas con actos de corrupción en las instituciones públicas del Estado.
Realizó "alrededor de 200 investigaciones y denuncias de corrupción" y escribió unos once libros sobre los mismos temas, dijo al agregar que Villavicencio "soportó una de las mayores persecuciones tanto del ámbito político como el ámbito judicial".
Una semana antes de su asesinato al salir de un mitin político, en Quito, Villavicencio había denunciado amenazas en su contra y había aseverado que en la institución policial existían miembros policiales que presuntamente estaban asociados con la mafia.
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Yaulema cuestionó los protocolos de seguridad aplicados el 9 de agosto, cuando Villavicencio fue asesinado al ingresar en la parte trasera de una camioneta de doble cabina, que estaba en la calle, que no era blindada, ni tenía conductor, mientras que el vehículo que sí era blindado estaba a dos minutos de llegar, según dijo.
"Oh sorpresa, no esperaron estos dos minutos, lo trasladaron a Fernando Villavicencio sujetado de brazos, con una botella en la mano izquierda, no sé de qué sustancia, sujetado por miembros policiales de los brazos, impidiendo su movilidad", señaló.
Agregó que no existió el número adecuado de custodios, aunque la Policía dice que Villavicencio tenía tres anillos de seguridad.
"Cuando ya estaba en el asiento posterior, recibió dos balazos en la cara y uno en el cerebro", detalló al subrayar que "hubo una omisión dolosa, el Estado ecuatoriano no cumplió su papel de garante", por lo que presentaron la denuncia por el delito de asesinato por omisión dolosa, penado con hasta 26 años de cárcel.
Subrayó que acudirán a organismos internacionales de ser necesario pues no confían en la justicia del país.
En una rueda de prensa, en la que estuvieron presentes la hija mayor, dos hermanos, el tío y Patricia Barragán, que recibió disparos durante el atentado a Villavicencio, Yaulema cuestionó también que el sospechoso de haber disparado, no haya sido trasladado inmediatamente a una casa de salud con custodia, sino llevado a instalaciones de la Fiscalía, donde murió.
SEGURIDAD A LA FAMILIA
Yaulema apuntó que el núcleo familiar y los cercanos a Villavicencio necesitan protección urgente, y advirtió que si les ocurre algo, "será responsable el Estado", por omisión.
Al conocerse del asesinato, Lasso expresó sus condolencias y dijo que el crimen no quedará impune.
"Si él (Lasso) quería en realidad proteger a Fernando Villavicencio, tenía que haber realizado políticas idóneas que no las hizo", comentó el letrado.
El próximo domingo, los ecuatorianos acudirán a las urnas para votar en una consulta popular nacional y otra local sobre temas ambientales y para designar a quien completará el período presidencial para el que fue elegido Lasso (2021-2025).
En mayo pasado, Lasso disolvió el Parlamento, de mayoría opositora, cuando se disponía a debatir y votar su destitución en un juicio político de censura en su contra por presunta malversación, que él negaba.
Al mismo tiempo, invocó la llamada "muerte cruzada", contemplada en la Constitución, y pidió la convocatoria de elecciones extraordinarias, acortando así su mandato a la mitad, por lo que quien lo reemplace gobernará hasta el 24 de mayo de 2025.
Siete postulantes buscan suceder a Lasso, mientras que el Consejo Electoral calificó la candidatura de Christian Zurita en reemplazo de Villavicencio, que aún está pendiente de inscripción.