Mediante un comunicado, Construye también informó de que constituirá un "equipo de seguimiento del proceso legal" que se sigue en torno al crimen del candidato.
"Exigimos se conforme una comisión internacional que sea parte de la investigación de este magnicidio", porque "no vamos a permitir que la narcopolítica siga campante y se burle una vez más de la justicia", agregó el movimiento.
Ratificó el "infinito dolor ante la muerte de nuestro amigo y líder valiente" y pidió a la ciudadanía "honrar su vida y su lucha, compartiendo solo la información verificada", desechando las noticias falsas que han proliferado en las redes sociales.
"Nos tomaremos unas horas de luto para despedirnos de nuestro 'Presidente Valiente' y, con dolor pero con la misma determinación que caracterizaba a nuestro líder irremplazable y eterno, anunciaremos las decisiones pertinentes al proceso electoral del 20 de agosto" próximo, añadió.
"El único consuelo que nos queda es votar valiente y hacer justicia en las urnas" de votación, remarcó el grupo político que analiza la posibilidad de designar a un nuevo candidato que reemplace a Villavicencio en las elecciones del 20 de agosto.
El crimen de Villavicencio ocurrió al terminar la tarde del miércoles en las afueras del local de una escuela donde el postulante había celebrado un mitin junto a simpatizantes, en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales y legislativos convocados para el próximo domingo 20 de agosto.
Además, de Villavicencio, para esos comicios se habían inscrito el ambientalista Yaku Pérez, la exlegisladora correísta Luisa González, el experto en seguridad Jan Topic, el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, el político Xavier Hervas, el empresario Daniel Noboa y el independiente Bolívar Armijos.
El actual proceso electoral tiene un carácter extraordinario, pues responde a la aplicación inédita de un mecanismo constitucional denominado "muerte cruzada", invocado en mayo pasado por el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso.
Con ese recurso, Lasso disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) y forzó la convocatoria anticipada de elecciones, lo que implicó la reducción de su mandato.
Por ello, las autoridades que salgan designadas en dichas votaciones completarán el periodo 2021-2025 que le correspondía a Lasso, que no se presenta a la reelección.