Villavicencio, de 59 años, un periodista y exasambleísta que con sus investigaciones sobre corrupción se había convertido en uno de los enemigos más acérrimos del expresidente Rafael Correa (2007-2017), recibió una ráfaga de disparos al terminar un mitin de su campaña electoral que realizaba en un colegio de Quito.
El candidato, que se definía públicamente como de centro pese a haberse situado en sus inicios en la izquierda moderada, fue trasladado a un centro médico cercano donde se certificó su muerte, confirmada luego públicamente por sus familiares y por personas cercanas a su candidatura.
Villavicencio, como otros candidatos, planteaba una lucha frontal contra las mafias del crimen organizado, en medio de una campaña electoral marcada por la peor crisis de seguridad de la historia de Ecuador, que el año pasado cerró el 2022 con una tasa de 25,32 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que se tienen registros.
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El político natural de la población andina de Alausí, en la provincia de Chimborazo, ya había denunciado en semanas anteriores amenazas de muerte en su contra, en el marco de una preocupación generalizada por la seguridad de los candidatos tras otros atentados acontecidos.
Recientemente fue asesinado de manera similar el alcalde de Manta, Agustín Intriago, uno de los más populares del país, y ocurrió lo mismo con un candidato a asambleísta por la norteña provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.
A diario se suceden en el país las noticias de asesinatos y matanzas que, según el Gobierno, están vinculados principalmente con las bandas del crimen organizado y el narcotráfico, que en los últimos años se ha hecho fuerte en la zona costera del país y ha hecho de sus puertos grandes trampolines para la cocaína que llega a Europa y Norteamérica.
Villavicencio contaba con resguardo policial, conforme el Gobierno le había facilitado también al resto de candidatos, si bien la hermana de la víctima, Alexandra Villavicencio, responsabilizó al Ejecutivo del asesinato de su hermano por no brindar a su criterio la suficiente protección.
Estado de excepción nacional
Tras una larga reunión del comité de seguridad del Estado, Lasso dio un mensaje a la nación en la madrugada de este jueves para ratificar la fecha de las elecciones generales extraordinarias para el próximo 20 de agosto y decretar el estado de excepción por 60 días, lo que supone el despliegue de militares en todo el territorio nacional.
En esa comparecencia, el mandatario detalló que el atentado se produjo sobre las 18:15 (19:15 hora paraguaya) y que fue perpetrado por un grupo de hombres armados, lo que generó un intercambio de disparos con los policías y el personal de seguridad que derivó en el fallecimiento de uno de los atacantes.
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De acuerdo a la Fiscalía, que ha abierto una investigación, este sospechoso, del que todavía no ha trascendido su identidad, fue traslado herido en primer lugar a un juzgado de Quito y luego a un centró médico, en una ambulancia de los Bomberos que confirmó su muerte.
Entre los nueve heridos reportados, que fueron trasladados a un centro médico cercano, hay una candidata a asambleísta y dos agentes de la Policía.
En su huida, Lasso indicó que los autores del atentado lanzaron una granada que no llegó a detonar y que, más tarde, la Policía la hizo estallar de manera controlada.
Seis detenidos
Hasta el momento hay seis personas detenidas por su presunta vinculación con el atentado, según anunció la Fiscalía, producto de una serie de allanamientos realizados en dos barrios de la capital ecuatoriana.
El asesinato de Villavicencio ha causado una gran conmoción nacional, como manifestó Lasso, quien ha prometido que el crimen no quedará impune.
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Los otros siete candidatos que se postulan a la Presidencia de Ecuador también manifestaron su pésame y solidaridad a la par que algunos suspendieron sus campañas electorales, y en el caso del izquierdista y ambientalista Yaku Pérez hizo una convocatoria al resto para un pacto sobre la crisis de seguridad.
Por su parte, Correa afirmó que “Ecuador se ha convertido en un Estado fallido” y también se solidarizó con la familia de la víctima, que en su labor como periodista denunció una persecución en su contra por sus revelaciones sobre corrupción que le llevaron a estar prófugo de la Justicia y a pedir asilo en Perú.