En un documento remitido a la Corte Suprema, que deberá juzgar esos actos, la Procuraduría dice que, en el caso de esos primeros 40 acusados, ha comprobado tanto la “materialidad” como la “autoría” de al menos cinco delitos.
Se trata de “asociación criminal armada”, “abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “golpe de Estado”, “daño calificado y grave amenaza” y “deterioro de patrimonio público”, que, según el Código Penal, en conjunto “llegan a 30 años de reclusión”, que es la pena máxima contemplada por las leyes del país, dice el documento.
La Corte Suprema ya ha aceptado las denuncias presentadas contra 1.290 personas, que en su mayoría participaron directamente en los violentos sucesos del 8 de enero, cuando miles de activistas de la ultraderecha asaltaron simultáneamente las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio tribunal.
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Según la investigación, ese violento ataque contra la democracia pretendía incitar a las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder progresista que había asumido el poder ocho días antes.
La Fiscalía pide 30 años de cárcel por crímenes graves
La mayoría de los participantes en el asalto estaban alineados ideológicamente con el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, derrotado por Lula en las elecciones de octubre del año pasado y cuyo resultado se negó a reconocer.
Según la Procuraduría, “la pena a aplicarse a los acusados debe ser ejemplar, por tratarse de crímenes graves, practicados en un contexto multitudinario” y que tenían como objetivo “implantar un régimen autoritario en lugar de un Gobierno elegido legítimamente”.
La Corte Suprema aún continua con las averiguaciones sobre esos sucesos, y tiene entre los investigados al propio expresidente Bolsonaro, sospechoso de haber alentado la asonada al desconocer la victoria de Lula y sembrar dudas acerca de la limpieza y transparencia del proceso electoral del año pasado.