La medida hace parte de un ambicioso plan para fortalecer la seguridad pública sancionado hoy por Lula con el que también busca combatir la creciente violencia en la Amazonía, endurecer las penas para delitos antidemocráticos y contar con medidas drásticas contra los ataques a escuelas.
Sobre el decreto de "Regulación responsable de armas", Lula recordó que era un "compromiso" adquirido desde la "campaña electoral" para "restablecer los asuntos de seguridad".
Igualmente, el líder progresista evocó la "campaña de desarme" impulsada en 2005, durante su primer mandato (2003-2006), en la que la población devolvió "miles de armas" y que retoma ahora para "continuar luchando por un país desarmado".
"Quienes tienen que estar armados son la Policía y las Fuerzas Armadas brasileñas" y "este país será devuelto al pueblo brasileño en su normalidad", subrayó el jefe de Estado.
Entre las principales alteraciones a la actual legislación están la reducción de armas y municiones en manos de civiles, entre ellos cazadores, tiradores y coleccionistas, y el control de las mismas, que será retirado del Ejército y asumido por la Policía Federal.
El número de armas por cada persona será reducido por la mitad, pasando de cuatro para dos y el de municiones bajará de 200 a 50 por año y la validez de los registros de posesión de armas será igualmente reducida de diez para tres años.
Los cazadores, tiradores y coleccionistas registrados tendrán ahora un límite máximo de seis armas y 1.000 municiones, una quinta parte de lo que es actualmente permitido.
La medida incluye también un programa de recompra de las armas que eran permitidas y ahora serán catalogadas, por su calibre y alcance, como de uso restricto por las fuerzas de seguridad.
Los tiradores deportivos, en tanto, podrán tener cuatro armas y 4.000 cartuchos por cada una en el año, una reducción drástica de las sesenta que eran permitidas con 5.000 cartuchos por unidad.
Los coleccionistas, a los que se les permitía cinco armas por cada modelo, ahora solo podrán tener una de cada tipo.
Según la medida, los clubes de tiro también tendrán una mayor fiscalización y no podrán funcionar las 24 horas, como es permitido ahora, al igual que su localización debe ser a más de un kilómetro de distancia de escuelas.
El control del armamento en poder de civiles pasará ahora a la Policía Federal y no será más con el Ejército.
El número de armas de fuego en manos de particulares creció un 241 % en Brasil durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública.
En 2019, año en que el líder de la ultraderecha llegó al poder, había 197.390 armas de fuego registradas en manos de particulares, número que para el 30 de junio de 2022 se disparó hasta los 673.818 registros.
Según el informe, de los 4,4 millones de armas de fuego que hay en manos de particulares en el gigante suramericano, casi 2,9 millones cuentan con los registros activos, pero 1.542.168 artefactos circulan de forma irregular en el país.