El presidente de Zimbabue aprueba una ley que socava la crítica al Gobierno

HARARE. El presiente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, aprobó hoy una ley que castiga los actos “no patrióticos” y que fue criticada por la oposición porque entiende que amenaza la libertad de expresión y crítica al Gobierno antes de las elecciones generales del próximo agosto.

El presiente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa.
El presiente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa.AARON UFUMELI

La Asamblea Nacional (Cámara Baja) del país ya aprobó el proyecto de ley, conocido como Proyecto de Ley Patriótica, el pasado mes de junio, pero aún debía ser ratificada por el mandatario zimbabuense para ser incluida en el código penal.

“Esta es una ley negativa que pretende debilitar los derechos de las personas. Es el Estado el que a partir de ahora determinará el nivel de antipatrotiosmo de cualquier declaración”, dijo hoy a EFE el abogado zimbabuense pro derechos humanos, Chris Mhike.

Los parlamentarios de la oposición también argumentaron que la norma es demasiado vaga y se utilizará para suprimir la disidencia y las críticas al Gobierno.

Ya en junio, Fadzai Mahere, portavoz del partido de oposición Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC), describió la aprobación de la ley como “un día oscuro para la democracia”.

El lenguaje vago que criminaliza acciones que “dañan el interés nacional” podría usarse para encarcelar a los ciudadanos hasta quince años por expresar opiniones que se consideran perjudiciales para el Gobierno y el presidente del país, según los críticos de la nueva ley.

Sin embargo, el partido gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), asegura que resulta necesaria para proteger la seguridad y la soberanía nacional.

Mnangagwa, en el poder desde el golpe militar que derrocó en 2017 al ya fallecido presidente Robert Mugabe, buscará su reeleción en las elecciones del próximo 23 de agosto.

El anuncio de los comicios vino precedido de denuncias de represión por parte de organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que ha denunciado la condena judicial de varios miembros de la oposición recientemente.

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