"Hemos analizado cuidadosamente la evidencia de este caso, que debería causar conmoción en la familia real belga y podría generar dudas a nivel internacional sobre la independencia del sistema judicial belga", dijo el letrado del fondo, Christophe Marchand, en declaraciones que recoge el diario Le Soir.
El fondo Libyan Investment Authority (LIA) y el príncipe están enfrentados desde 2014, a raíz de una disputa entre el Estado de Libia y una antigua organización sin ánimo de lucro del aristócrata, Global Sustainable Development Trust (GSDT).
Esa asociación ha ganado varios juicios en Bélgica contra Libia por incumplimiento de un contrato suscrito en 2008 -en tiempos del dictador Muamar el Gadafi- ya que Libia se negó a pagar la cantidades adeudadas por un proyecto de reforestación de la costa del país.
El monto del contrato más los intereses asciende a cerca de 70 millones de euros, según la prensa local, que recuerda que desde 2011 ese fondo tiene unos 15.000 millones de euros congelados en Bélgica a petición de Naciones Unidas.
El fondo LIA acusa ahora al hermano del monarca de Bélgica de haber intentado interferir en los procesos abiertos desde 2015, haber presentado en el pasado denuncias por blanqueo de capitales y abuso de confianza, aún pendientes de resolución.
"No hemos tenido más remedio que iniciar un proceso penal contra el Príncipe Laurent. Proporcionamos al juez de instrucción pruebas fácticas que demuestran, en nuestra opinión, que abusó de su condición de titular de un cargo público al afirmar que podía influir en el proceso penal contra LIA", dijeron los letrados.
Los abogados aseguran que entre esos documentos se cuenta una carta del ministro de Exteriores de Libia a su homóloga belga en la que se afirma que el embajador libio en Bruselas había sido "convocado" al Palacio Real.
Según los letrados del fondo, a cambio de abonas las cantidades adeudadas se ofreció el abandono de los procesos judiciales en Bélgica contra el fondo y contra su presidente, Mohamed Hassan, objeto de una orden de arresto internacional emitida por Bélgica.
"Esto significa que el Palacio Real podría interferir en un procedimiento legal", criticó Marchand.