El general de la PNP declaró a la agencia oficial Andina que se planteará que estas acciones sean consideradas un delito de robo agravado o hurto agravado, lo que permitirá que sus autores sean detenidos y encarcelados, algo que actualmente no sucede por considerarse una falta por el valor de los equipos.
"Ahí se esta contemplando el tema del monto entre la falta y el delito, para que disminuya el robo de celulares y se sienta la mano de la justicia peruana con todos los operadores concatenados: Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial", agregó Arriola.
El jefe policial adelantó que el proyecto se presentará en las próximas semanas con el objetivo de que se legisle para combatir la inseguridad ciudadana en el país.
"El problema viene cuando un delincuente es detenido tras asaltar a un ciudadano del día a día y se evalúa no solo el monto del celular, sino -además- el principio de oportunidad o si es delito menor", reiteró.
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó la semana pasada que de enero a mayo de este año las empresas operadoras reportaron 723.375 robos y sustracciones de estos equipos de comunicación.
"Por mes, se han reportado como robados 138.505 celulares en enero, 142.094 en febrero, 146.674 en marzo, 145.685 en abril, y 150.417 en mayo. Eso hace que, en promedio, diariamente se reporten 4.791 teléfonos como robados", precisó el organismo al diario El Comercio.
Al respecto, el director de Fiscalización e Instrucción del Osiptel, Luis Pacheco, explicó al medio que la delincuencia se está enfocando en equipos de alto valor, que terminan en mercados ilícitos en los que se modifican sus códigos de seguridad para que se puedan seguir usando.
Por su parte, el presidente y fundador de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), César Ortiz Anderson, declaró que la delincuencia actúa no solo con el objetivo de robar el equipo, sino que también la información que este contiene, como las cuentas bancarias o redes sociales de sus propietarios que pueden ser víctimas de delitos informáticos o de extorsión.
"Tienen que existir mayores sanciones", remarcó el experto antes de decir que "se debe de modernizar y empoderar a la Policía Nacional", y crear una Superintendencia de Seguridad Ciudadana "para cubrir el tema de la mejor manera posible".