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El portal de noticias Infobae refiere que tres de los cuatro sospechosos del ataque a la AMIA -de origen libanés- estarían viviendo en la Triple Frontera: entre Ciudad del Este (Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil). Y el cuarto habría regresado al Líbano.
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En concreto, el magistrado federal Daniel Rafecas solicitó la detención de Samuel Salman El Reda, también presuntamente vinculado con el ataque de 1992 contra la Embajada de Israel en Argentina, en el que murieron 29 personas, y otros tres sospechosos, reportó la agencia EFE.
Hace un año, el mismo juez renovó la solicitud a Interpol (Policía internacional) para que se mantengan vigentes, por cinco años más, las alertas rojas con el objetivo de lograr la detención de cinco iraníes acusados por el atentado a la AMIA.
Tanto la comunidad judía en Argentina como la Justicia responsabilizan del ataque a la AMIA, el mayor atentado cometido en suelo argentino, a miembros del Gobierno iraní de ese entonces y del partido libanés Hezbolá.
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AMIA: Una investigación llena de irregularidades y un fiscal muerto
Poco después del atentado a la mutual, dedicada a promover el bienestar social de la comunidad judía en el país, el juez y los fiscales del caso establecieron que fue cometido con una camioneta Trafic y establecieron como responsables a la República Islámica de Irán y a Hizbulá, con apoyo de una “conexión local”.
Sin embargo, el caso ha estado desde el origen lleno de irregularidades: en 2001, comenzó un juicio que concluyó en 2004 con la declaración de nulidad de toda la investigación y la absolución de los policías argentinos imputados, a quienes se había acusado de integrar esa "conexión local".
En 2006, la Justicia declaró prófugos a nueve ciudadanos iraníes, entre ellos el expresidente Hashemi Rafsanjani -fallecido en enero de 2017-, a quienes acusa de complicidad en el atentado.
Pero ese país nunca colaboró para extraditarlos.
El 18 de enero de 2015, el fiscal especial encargado del caso AMIA, Alberto Nisman, apareció muerto con un tiro en la cabeza -en circunstancias que aún se investigan- solo cuatro días después de acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015), de haber intentado encubrir a los imputados a través de un acuerdo con Irán firmado en 2013.
La actual vicepresidenta insiste con que ese acuerdo solo buscaba instaurar una investigación conjunta bilateral del ataque.