“Aún es pronto para examinar la cuestión de si se ha cometido o no un crimen de guerra”, señaló en rueda de prensa el portavoz de la oficina Jeremy Laurence, quien no obstante reiteró el llamamiento de esta agencia a que se lleve a cabo una investigación “independiente e imparcial” de ese desastre en el curso bajo del río Dniéper.
Laurence también pidió a las autoridades rusas que permitan el acceso de las agencias de la ONU y de las organizaciones humanitarias a los territorios ocupados por Rusia en la zona anegada, con el fin de conocer los efectos de la rotura de la presa también en la margen izquierda del río.
Un ataque deliberado a infraestructuras civiles puede ser considerado por la ley internacional un crimen de guerra, y misiones de investigación de Naciones Unidas para Ucrania ya han acusado previamente a los invasores rusos de este tipo de violaciones de derechos humanos a lo largo de más de 15 meses de guerra.
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Laurence destacó que la catástrofe de Kajovka ha vulnerado los derechos de los habitantes de la zona a la vivienda, la salud y la seguridad.
"Muchos han sido evacuados de sus hogares, dejándolo todo atrás sin saber si perderán sus casas para siempre, y los hospitales están inundados, privando a muchos de la asistencia medica que necesitan en estos momentos críticos", subrayó el portavoz.
Laurence advirtió que el riesgo en la zona de brotes de enfermedades transmisibles por el agua, como cólera o diarrea, "es muy alto", mientras que miles han perdido el acceso a la que era la principal fuente de agua potable de la región.
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El portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk reiteró el temor a que minas antipersonas y otras armas hayan sido arrastradas por el agua liberada tras la rotura de la presa.
“Toda la zona inundada podría ahora ser considerada un área contaminada por minas”, afirmó.