Salazar recibió la amenaza de muerte en un video que llegó a su teléfono móvil a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, procedente de una cuenta asignada a un número de Ucrania (con prefijo +380) que en su foto de perfil mostraba una imagen de la misma fiscal general, de acuerdo a la misma fuente.
La Fiscalía General rechazó en su comunicado "todo intento de amedrentamiento que se da por el cumplimiento irrestricto de las competencias constitucionales encomendadas" y reafirmó su compromiso de trabajar de manera técnica y objetiva.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía, a la comunidad internacional y al Estado a mantenerse "vigilantes ante todo intento de tomarse esta institución por cualquier vía y costo".
En días anteriores Salazar había denunciado ataques personales contra ella y su familia en redes sociales y señaló que "todo tiene un límite".
Esta amenaza se produce en un contexto donde en meses anteriores ha habido atentados contra jueces y fiscales, en medio de un auge de la violencia del crimen organizado, y en medio de un enfrentamiento público de la fiscal con el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
ENFRENTAMIENTO PÚBLICO
La Fiscalía acusó el martes al Consejo de la Judicatura de abrir un expediente disciplinario a Salazar con la intención de suspenderla del cargo en base a una denuncia de un supuesto plagio en su tesis universitaria.
"Con un informe elaborado de forma maliciosa -y sin sustento legal- el subdirector de Control Jurídico pretende que el Consejo de la Judicatura se arrogue funciones y suspenda a la máxima autoridad de la Fiscalía", señaló el Ministerio Público.
En diversas entrevistas en medios locales, Salazar señaló que las denuncias proceden de sus detractores, entre los que nombró al expresidente Rafael Correa (2007-2017), su exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios que ejercieron cargos durante el mandato presidencial de Correa.
También apuntó que el Consejo de la Judicatura no tiene facultad para suspenderla o destituirla del cargo, algo que puede hacer la Asamblea Nacional (Parlamento), que se encuentra fuera de funciones tras la "muerte cruzada" decretada por el presidente, Guillermo Lasso, con la que disolvió el Legislativo y forzó elecciones extraordinarias.
El Consejo de la Judicatura respondió con otro comunicado donde afirmaba respetar la institucionalidad del Estado y señalaba que el informe fue elaborado a raíz de una denuncia en contra la fiscal general y que se trata de "una opinión, que debe tratarla el pleno para negar o aceptar".
AUDIENCIA PARA EL VIERNES
A la polémica también se ha sumado el CPCCS, un órgano encargado de designar a diferentes autoridades del Estado, que citó el viernes a Salazar para una audiencia pública a la que la fiscal general ya ha anticipado que no asistirá y que enviará sus respuestas por escrito.
Salazar ocupa el cargo de fiscal general desde abril de 2019, cuando ganó un concurso público realizado por el CPCCS, y fue quien llevó la acusación del caso Sobornos, por el que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) fue condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho e inhabilitado para participar en elecciones.
Correa, que denuncia una persecución política y reside en Bélgica con la condición de refugiado, es uno de los principales críticos de Salazar y ha respondido a sus declaraciones con que "tiene razón en estar desesperada".
"Yo solo busco justicia, que es la peor maldición para personas corruptas, perversas y tontas como usted", señaló el exmandatario, que ve a la fiscal general "dispuesta a todo para que no se investigue el plagio de su tesis".
Tras la amenaza de muerte denunciada por Salazar, el actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, manifestó en redes sociales su apoyo y solidaridad a la fiscal general y anticipó que la Policía de Ecuador "le dará toda la protección necesaria".