El ministro de Hacienda, Gabriel Attal, explicó, en dos entrevistas al diario Le Parisien y al canal BFMTV, que los beneficiarios tendrán que acudir a los consulados franceses o a bancos locales que participen en el dispositivo para verificar su identidad y comprobar que siguen vivos.
Desde el pasado septiembre se ha hecho una experimentación con 1.000 jubilados de la Seguridad Social francesa que supuestamente vivían en Argelia con cerca de 100 años y se comprobó que 300 correspondían a fraudes.
Francia paga más de un millón de pensiones a personas que residen en el extranjero, la mitad en otros países europeos y del resto 300.000 están en Argelia.
Attal insistió en que esa concentración "es el fruto de la historia", en una referencia a la antigua colonización de Argelia y a los cientos de miles de argelinos o francoargelinos que después de haber trabajado en Francia han vuelto a su país de origen al jubilarse.
Otro de los pilares de la lucha contra los fraudes en el extranjero son las ayudas familiares o de vivienda y otros subsidios sociales a personas que teóricamente viven en Francia (es la condición para recibirlas) pero que en realidad están en otros países.
El ministro de Hacienda anunció que habrá que justificar que se reside como mínimo nueve meses al año en Francia, en lugar de seis u ocho actualmente para cobrar esos subsidios y ayudas, y que su intención para verificarlo mejor es cruzar los ficheros de la Seguridad Social con el de pasajeros de vuelos aéreos (el Passenger Name Record, PNR).
En cuanto a los extranjeros en situación irregular que viven en Francia, Attal recordó que dado su estatuto no tienen derecho a cobrar ningún subsidio social.
Por eso va a pedir que se crucen los ficheros de la Seguridad Social con los del Ministerio del Interior para que cuando a una persona le caduca el permiso de residencia o se le retira por razones de orden público deje de recibir aquellos de los que pudiera estar beneficiándose.
Según las evaluaciones del Tribunal de Cuentas, el fraude a las prestaciones sociales en Francia se sitúa en una horquilla de entre 6.000 y 8.000 millones de euros anuales.
El titular de Hacienda precisó que el más importante es el que se da en las cotizaciones sociales, del que sus servicios consiguen detectar unos 800 millones de euros anuales, una cifra que quiere que se duplique de aquí a 2027.
Para eso se van a incrementar en un 60 % los efectivos de los servicios antifraude (240 empleados), se van a cruzar ficheros y atacar en particular los esquemas basados en las llamadas "sociedades efímeras", es decir empresa que sobre el papel organizan su insolvencia para evitar controles.
Otro ángulo de ataque del Gobierno van a ser los autónomos o falsos autónomos. Un reciente informe oficial estima que ese colectivo deja de declarar unos 800 millones de euros de ingresos por los que no cotizan.
"Es una bomba de relojería porque esos trabajadores no tendrán ningún derecho social. No podemos acostumbrarnos a que miles de personas trabajen sin cotizar para ningún derecho. Por eso de aquí a 2027 las plataformas tendrán una retención por las cotizaciones de los autónomos. No quiero una uberización de los derechos sociales", dijo Attal.
Añadió que esa medida se aplicará a todas las plataformas de intermediación, en las que hay unos 200.000 trabajadores.