En una Tribuna EFE-Casa de América celebrada en Madrid, Cordero explicó que ayer se reunió con el ministro español de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, con quien trató esta posibilidad, ya que su país considera "muy importante explorar el trabajo forense que ha realizado España" para resolver los crímenes de la dictadura (1939-1975).
El ministro explicó que Chile y España tienen "una trayectoria algo distinta" en materia de memoria y reparación, cuando el país europeo se ha centrado más en "memoria" y el suyo en "verdad y justicia".
"En Chile tuvimos comisiones de la Verdad relativamente acotadas por algunas leyes de reparación para las víctimas y una particularidad en la justicia transicional, ya que se utilizó el sistema judicial tradicional para que las víctimas ejercieran sus acciones por los crímenes cometidos por la dictadura", explicó. Un sistema judicial "que sirvió para dar indemnizaciones a las víctimas", añadió.
En ese sentido, Cordero, abogado y profesor de Derecho, consideró que desde la vuelta a la democracia, la sociedad chilena "asumió que la vía judicial era el camino", algo distinto al proceso español "donde ha habido un discurso legalista importante".
En España, amparándose en la Ley de Amnistía que se aprobó en 1977, los jueces han rechazado las solicitudes para abrir procesos a acusados de crímenes durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista(1939-1975).
COOPERACIÓN CON ESPAÑA
Según Cordero, España "ha puesto énfasis en la memoria general, algo que Chile no ha hecho: "parte de nuestra conversación (con el ministro Bolaños) fue para colaborar mutuamente en la fase en la que entra el país ahora, de iniciar el Plan de Búsqueda".
Este Plan Nacional de Búsqueda será presentado el próximo 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, por el presidente Gabriel Boric, y pretende avanzar en el hallazgo de estas personas víctimas de la dictadura; se pone en marca coincidiendo con el 50º aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet de 1973 en Chile, que se conmemorará el próximo 11 de septiembre.
El país tiene "1.100 detenidos desaparecidos" dentro de ese periodo no democrático y "poco más de 300 personas ejecutadas sin entrega de cuerpos", cifras aún "provisionales" que podrían "variar o aumentar", dijo el ministro.
"Enfrentamos un desafío en materia de identificación de hallazgos, algo que ha tomado demasiado tiempo en la sociedad chilena, por lo que explorar el trabajo forense que ha desarrollado España es muy importante para nosotros", concluyó.
En España, la primera exhumación de una fosa común, con fusilados en la Guerra Civil, se produjo en el año 2000 y desde entonces, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha propiciado exhumaciones a lo largo de toda España; además, en 2009 puso en marcha un laboratorio para identificar los cuerpos exhumados.
"Nosotros hemos cometido errores bien imperdonables, en los 2000 en una fosa común hubo errores de identificación, se pesquisaron años después; jueces de dedicación exclusiva también encontraron hallazgos que estuvieron perdidos durante 20 años", lamentó Cordero.
Errores que han provocado, según el ministro, que "los familiares de las víctimas hayan mirado al Estado con cierta y razonable sospecha", algo que esperan revertir con el nuevo plan nacional, que "no es solo una obligación ética del Estado, sino que revela por qué la memoria es garantía de la democracia, es la presencia de los horrores que puede provocar la quiebra de la democracia", zanjó.
Cordero también se reunirá hoy con la Secretaría de Cooperación española con quien tratará esta cuestión.