Seis de los diez magistrados de la Corte Suprema ya dieron a conocer su voto, cinco de ellos a favor de la condena, y la sentencia final, que determinará el número de años de prisión, será conocida la próxima semana, cuando se retome el juicio en el plenario del máximo tribunal.
El juez del Supremo Edson Fachin, instructor del caso, propuso una condena de 33 años de prisión y una sanción pecuniaria de 20 millones de reales (cuatro millones de dólares o 3,7 millones de euros) al considerar a Collor de Mello culpable de los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación ilícita.
Según lo argumentado por el instructor del caso, hay pruebas suficientes de que los crímenes ocurrieron y fueron cometidos por Collor cuando era senador.
El expresidente, hoy de 73 años, gobernó Brasil entre 1990 y 1992, cuando renunció en momentos en que el Parlamento se aprestaba a concluir un juicio de destitución en su contra, por acusaciones de presunta corrupción de las que luego sería absuelto en la Justicia.
Entre 2007 y 2023 ocupó un escaño en el Senado y el año pasado fue candidato sin éxito al cargo de gobernador del estado de Alagoas, que ya había ejercido antes de llegar a la Presidencia.
La denuncia por el caso que juzga ahora el Supremo fue presentada en 2019 y afirma que Collor de Mello se valió de su influencia en la política para beneficiar en contratos fraudulentos con una filial de la estatal Petrobras al empresario Joao Lyra, con quien mantiene una "relación de amistad".
Por intermediar en la concesión de esos contratos, que tuvieron un valor total de 240 millones de reales (hoy 48 millones de dólares o 42,5 millones de euros), el exmandatario habría recibido una "comisión" equivalente a cerca del 15 % de esa suma.