En julio de 2008, Panamá se convirtió en el último país de Latinoamérica en descriminalizar la homosexualidad, después de tumbar una ley por presunta presión de un organismo financiero internacional para aprobarle un préstamo para combatir el VIH, según dijeron a EFE varios activistas.
A pocos meses de cumplirse 15 años de aquella hazaña, la presidenta de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias (Cimuf), la defensora Samirah Armengol, fue contundente: Panamá “es un país homófobo”.
El país aún mantiene normas contra esta comunidad: los reglamentos de la Policía y los Bomberos consideran la homosexualidad como una falta grave, digna de expulsión, al igual que las personas LGTBIQ+ tienen prohibido donar sangre.
Además, contrario al resto de América Latina y el Caribe, Panamá está rezagado en legislaciones que protejan a las personas de la comunidad LGTBIQ+, según denuncian los defensores.
En la región "ya estamos avanzando en espacios de protección de derechos y Panamá se queda atrás", dice el presidente de la Fundación Iguales, el activista panameño Iván Chanis.
Tampoco cuenta con una ley de protección frente a la discriminación por orientación sexual.
A juicio de Armengol y Chanis, la discriminación nace desde el Estado, ya que existe una "invisibilidad jurídica".
"Panamá no tiene ningún tipo de legislación que proteja a los LGBTIBQ+. No se reconocen los crímenes de odio, no se tipifica la homofobia como un delito ni los asesinatos de mujeres trans como femicidio", dice Armengol.
Esta situación ha sido recogida en un documento de la ONU publicado este año, que tilda de "preocupante" la exclusión por "orientación sexual e identidad de género" plasmado en los reglamentos de la Policía y lo Bomberos.
Por su parte, el Informe anual de los Derechos Humanos 2022, de EE.UU., señaló que el Gobierno panameño no brinda "un estimado de la cantidad de casos de violencia reportada en contra de individuos LGBTQI+".
Ambos alertan de que aún se practican "terapias de conversión" a homosexuales que, según alertan las organizaciones, llevan a cabo algunas iglesias coordinadas con institutos psiquiátricos.
Matrimonio igualitario, el inminente obstáculo legal
La Corte Suprema de Justicia de Panamá cerró la puerta al matrimonio igualitario este año al señalar que "no tiene categoría" de derecho humano, tras fallar en contra de unas demandas presentadas desde 2016 que impendían reconocer al menos tres casos de uniones entre personas del mismo sexo celebrados en el exterior.
Uno de esos casos corresponde al panameño Álvaro Levy y el estadounidense Kenneth Gilberg. Ambos se conocieron en 1985 y tras casi 30 años de relación contrajeron matrimonio en EE.UU en 2014.
Al llegar "la edad de retiro", según Levy, deciden mudarse a Panamá y comienza la batalla judicial: al no estar reconocida la unión entre personas del mismo sexo no existen los beneficios migratorios, financieros, bancarios ni hereditarios de un matrimonio.
"No fue fácil el proceso. Al no reconocer el matrimonio que traía de Estados Unidos, no podía llegar a ningún banco a pedir un préstamo o hipoteca”, lamenta Levy desde su casa en Ciudad de Panamá.
Esta pareja, que califica de "vaga" y "poco humana" la decisión de la Justicia panameña, cree, al igual que los activistas, que la legalización del matrimonio igualitario en Panamá es inminente, pues elevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya en 2018 falló a favor en una opinión consultiva de Costa Rica.
"Lo que estamos haciendo es para que las futuras generaciones no tengan que vivir lo que tuvimos que pasar, para que Panamá sea un país de aceptación, de madurez y más tolerante", apunta Levy.
Wigudum: los “trans” gunas adorados en la comarca y despreciados en el país
La popular activista Nandín Solís es “Wigudum”, como se conoce al “tercer sexo” o los “trans” en la cultura de los Guna, un pueblo originario del Caribe de Panamá.
Creció alejada de la comarca en un área contigua a Ciudad de Panamá escuchando los insultos por ser gay, lo que le dificultó "identificarse" como Wigudum, la gran sorpresa de su vida adulta, cuenta a EFE.
"En uno de nuestros congresos, me presenté diciendo que soy 'omegit' (un concepto despectivo equivalente a homosexual) y un ancianito me dijo que no dijera eso, que el término correcto es Wigidum", recuerda Solís.
En Guna Yala son "respetadas, queridas y admiradas" para aquellas que no se travisten (una expresión mal vista por ser "foránea"), sin embargo la discriminación comienza en las limitaciones de la comarca.
“Acá nos ven como a cualquier persona transgénero, somos personas travestis. Nos rechazan y nos ofenden”, lamenta Solís, con estigmas sociales vinculados principalmente con el VIH.