Según el comunicado difundido por la organización, los siete demandantes individuales exigen que se tomen medidas ante un Estado que es "negligente" a la hora de protegerlos del cambio climático y viola sus Derechos Humanos.
Un informe científico elaborado el año pasado por la Universidad Libre de Ámsterdam demostró que la crisis climática ya está afectando a la vida cotidiana de los habitantes y tendrá graves repercusiones en la isla de Bonaire si no se toman medidas contundentes.
Previamente a esta acción judicial se entregó una misiva al primer ministro holandés, Mark Rutte, en La Haya como última advertencia antes de llevar al Estado de Holanda ante los tribunales.
Por su parte, el director ejecutivo de Greenpeace en Holanda, Andy Palmen, declaró: "No debería importar si vives en Bonaire, en La Haya o en Ámsterdam. El Gobierno tiene el deber de proteger a todos los municipios de las inundaciones y otras consecuencias de la crisis climática que ponen en peligro la vida".
"Hasta ahora, el Gobierno ha optado por no proteger a los residentes de Bonaire, a pesar de que es desesperadamente necesario. Por eso hoy, junto con los habitantes de Bonaire, pedimos cuentas al Estado holandés", subrayó Palmen.
El titular de Greenpeace en Holanda afirmó que el país europeo tiene el deber de limitar el calentamiento global en la medida de lo posible para contribuir a la justicia climática para las generaciones actuales y futuras.
"Exigimos que Bonaire esté mejor protegida y que las emisiones holandesas de CO2 se reduzcan más rápidamente", añadió Palmen.
Asimismo, destacó que es fundamental que el mundo consiga limitar el calentamiento global por debajo de 1,5 grados y que las emisiones se reduzcan a cero para 2040.
El caso climático de Bonaire forma parte de un movimiento mundial por la justicia climática, liderado por residentes de zonas costeras, naciones insulares y otras comunidades afectadas.