El ataque se registró en la tarde del sábado en Uxiu, una de las principales comunidades de la reserva de los yanomamis, en Roraima, estado del norte de Brasil fronterizo con Venezuela.
Los tres tiroteados fueron atendidos por médicos de un puesto de salud que actúa en la reserva pero uno de los indígenas, con una herida de bala en la cabeza, no resistió a las heridas.
La víctima fue identificada como Ilson Xirixana, de 36 años y que trabajaba como agente de salud en la reserva, que sufrió cinco paros cardiorrespiratorios antes de morir.
Un joven de 24 años recibió dos tiros en el abdomen y el otro indígena, de 31 años, sufrió dos heridas de bala en el abdomen y dos en una pierna. Ambos fueron trasladados a un hospital en Boa Vista, la capital de Roraima.
De acuerdo con el presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena, Júnior Hekurari Yanomami, los atacantes fueron mineros que actúan ilegalmente en la reserva, algunos de los cuales encapuchados, que invadieron la comunidad y dispararon indiscriminadamente contra los habitantes de Uxiu.
El clima de tensión entre invasores y yanomamis viene aumentando desde enero, cuando el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva inició una operación para retirar a todos los mineros que actúan en la reserva.
Lula, que asumió el 1 de enero como presidente, declaró el estado de emergencia en la reserva tras descubrir una gravísima situación humanitaria y sanitaria en la región, provocada en parte por la masiva actividad de los mineros ilegales, que han contaminado ríos con mercurio y devastado parte del territorio habitado por unos 30.000 indígenas.
Según cifras oficiales, al menos 99 niños yanomami murieron en 2022 víctimas de desnutrición, diarrea, malaria y neumonía, enfermedades que avanzaron con la mayor presencia de los invasores.
A finales del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, que incentivó la explotación económica de la Amazonía, incluso en las reservas indígenas, se calculaba que había unos 20.000 mineros ilegales en el Territorio Indígena Yanomami.
El número ha sido reducido significativamente gracias a las operaciones realizadas por el Ejército, la Fuerza Nacional de Seguridad y la Policía, pero aún hay invasores en la reserva.
Según un reciente balance de los responsables por la llamada Operación Liberación, desde que el Ministerio de Justicia ordenó la apertura de una investigación por genocidio y crímenes contra el medioambiente en la reserva, han sido destruidos 272 campamentos de mineros ilegales en el territorio de los yanomami.