"Urgimos al Gobierno a reconsiderar esta ejecución y a dar pasos hacia el completo respeto al derecho a la vida, el más fundamental de los derechos humanos", destacó en rueda de prensa Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina dirigida por Türk.
La oficina de Naciones Unidas, añadió, abriga dudas sobre si el proceso contra el condenado, Tangaraju Suppiah, tuvo las necesarias garantías.
"La imposición de la pena de muerte por delitos relacionados con estupefacientes no es compatible con las normas y estándares internacionales", recordó Shamdasani.
Suppiah fue arrestado en 2014 por consumo de droga y mientras se encontraba en el penal fue relacionado, mediante una investigación policial, con un delito de intento de narcotráfico que databa de septiembre de 2013, por el que fue sentenciado a la pena capital en 2018.
Suppiah podría ser el primer ajusticiado este año en Singapur, país donde la pena capital se aplicó a 11 reos durante 2022, tras un hiato derivado de la pandemia de covid-19.
Singapur cuenta con una de las políticas antidrogas más draconianas del planeta, situando el mínimo para aplicar la pena capital, que se ejecuta mediante el ahorcamiento, en el tráfico de 15 gramos de heroína y en los 500 gramos de marihuana.