La acción de protección fue presentada en Guayaquil por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad.
El recurso busca que un juez reconozca la vulneración de los derechos constitucionales sufrida tanto por las víctimas como por sus familiares, al haber sido asesinados en un espacio donde supuestamente están bajo custodia y resguardo del Estado.
“Es la primera vez en la historia que, de forma colectiva, familiares reclaman justicia ante mecanismos judiciales por hechos ocurridos dentro de las cárceles”, señalaron los promotores de la demanda en un comunicado.
De acuerdo a los datos de estas organizaciones, son más de 600 presos los que han muerto desde 2019, la mayoría asesinados en una serie de catorce masacres, la última de ellas la pasada semana en la Penitenciaría del Litoral, de Guayaquil, con un saldo de doce fallecidos y tres heridos.
Estas matanzas se han dado en un contexto de enfrentamiento entre distintas bandas criminales rivales que se disputan el control interno de las cárceles, cuyas instalaciones registran en algunos casos un hacinamiento que puede llegar al 50 % y unas condiciones de reclusión precarias.
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