El proceso, en el que Bolsonaro figura como investigado, se tramita en el Supremo y pretende identificar a los promotores del intento de golpe y a quienes financiaron la movilizaron de los miles de activistas de ultraderecha que asaltaron las sedes de la Presidencia, del Congreso Nacional y la propia Corte Suprema.
El día de la asonada, Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos, hacia donde había viajado el 30 de diciembre, aún como mandatario, con la intención de no entregarle la banda presidencial a Lula, cuya victoria en las urnas en octubre pasado siempre puso bajo sospecha.
Los bolsonaristas que asaltaron los tres poderes de la Nación habían estado durante más de dos meses acampados a las puertas de los cuarteles del Ejército exigiendo un golpe, en una actitud que el líder de la ultraderecha no condenó y hasta llegó a avalar.
Por esos sucesos fueron detenidas 2.151 personas, de las cuales unas 300 permanecen en prisión, en tanto que el resto responderán ante los tribunales en libertad.
El Supremo ha incluido a Bolsonaro entre los investigados a fin de determinar si, aún estando ese día en Estados Unidos, de donde regresó el pasado 30 de marzo, incitó ese movimiento o si tuvo algún papel en la planificación de la intentona golpista.
El exmandatario está investigado en una decena de causas que tramitan en la Justicia ordinaria y en otras cuatro que también están en la Corte Suprema, así como responde por otros asuntos ante la Justicia Electoral.
Una de estas últimos casos, centrado en su campaña de descrédito contra el sistema de votación electrónico que se utiliza en Brasil, será juzgado en las próximas semanas y, si fuera hallado culpable, Bolsonaro puede ser despojado de sus derechos políticos durante ocho años.