Las protestas en la ciudad sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo se sumaron a otras a nivel nacional y aglutinaron también a las plataformas ciudadanas de oposición, que exigen al Ejecutivo nacional que modifique varias de sus recientes medidas.
Estas movilizaciones son "una muestra de que toda la política que está implementando el Gobierno está chocando con las necesidades y con la realidad de los diferentes sectores que se ven agredidos", dijo a EFE el dirigente del magisterio de La Paz José Luis Álvarez.
En esta jornada, los primeros en manifestarse fueron los gremiales junto a los trabajadores en salud y los jubilados que marcharon desde la zona oeste hasta el centro de La Paz.
Los comerciantes se oponen al proyecto de ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas al considerar que crea nuevos delitos tributarios y que estos podrían servir para perjudicar su actividad, incluso encarcelarlos.
El Gobierno señaló que esa norma está "congelada" hasta que concluya la "socialización" de su contenido y afirmó que todas las cuestiones tributarias están incluidas en normas específicas a esa área.
"No confiamos en esa famosa socialización", expresaron los comerciantes que pidieron que la difusión de la norma se haga con sus representantes.
Esta visión es compartida por algunas plataformas de oposición que consideran que pueden dar paso a una "persecución política" contra los detractores al Gobierno.
En tanto, los trabajadores en salud y los jubilados cuestionaron que a partir del próximo mes los recursos de la seguridad social pasen a una administración plena del Estado, bajo el riesgo de que se manejen a "libre disposición".
El paso de las Administradores de Fondo de Pensiones (AFP) al Estado ha sido un proceso largo que se anunció en 2010 y que tuvo varios aplazamientos de esa migración y un arbitraje internacional por el que Bolivia debe pagar 105 millones de dólares.
También marcharon los maestros urbanos, que mantienen desde principios de marzo un reclamo contra el nuevo plan de estudios que consideran "adoctrinante", a la medida de las consignas del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), y porque promueve la "ideología de género".
"La educación está siendo politizada y no tiene un carácter científico", dijo a EFE Omar Salazar, un maestro especializado en la enseñanza de Ciencias Sociales.
El principal pedido del magisterio es que el Gobierno anule la aplicación de la nueva currícula en tanto no se tenga un presupuesto y una carga horaria autónoma además de docentes especializados para dictar inglés, idiomas originarios o robótica.
Junto a todo esto, también se rechazan algunos decretos presidenciales que se aprobaron a principios de mes y que están referidos a recursos para la protección de la producción agrícola y que las sociedades comerciales remitan información a la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) y proyectos normativos contra la libertad de expresión.