"Tengo como objetivo la eliminación de la protección especial, porque es una protección adicional respecto a lo que ocurre en el resto de Europa", dijo Meloni al ser preguntada por los medios italianos poco antes de terminar una visita oficial a Etiopía.
La soberanista Liga presentó este viernes una enmienda para acabar con el polémico estatus que se incluirá en el decreto que el Gobierno de Meloni aprobó el 9 de marzo tras el naufragio de una barcaza frente a las costas de Calabria (sur) en el que murieron 93 inmigrantes.
El decreto, entre otras cosas, aumentará las penas de cárcel para los miembros de las mafias que gestionan el tráfico migratorio irregular a través del Mediterráneo y se prevé que llegue al pleno del Senado el martes de la semana próxima.
"Hay una propuesta en la que la mayoría trabajó en su conjunto, no es un tema en el que haya desacuerdos. Es complejo y es normal que haya varias enmiendas, pero en los objetivos que nos damos estamos todos de acuerdo", dijo interrogada sobre posibles diferencias al respecto en el seno de la coalición gubernamental.
Meloni reconoció que no había hablado con el líder de la Liga "recientemente", pero insistió en que "no hay divergencias sustanciales, sino la voluntad de trabajar conjuntamente" para encontrar "una síntesis con la solución más eficaz".
La "protección especial" es un estatus que Italia otorga desde 2018 a determinados inmigrantes a los que, por diversas razones, no se les concede el título de refugiado ni la denominada protección subsidiaria.
El principal partido de la oposición, el progresista Partido Demócrata (PD), criticó con dureza a Meloni, a la que a acusó de usar la migración para no afrontar otros temas, como la economía
"Las afirmaciones de Giorgia Meloni confirman que la furia inhumanamente absurda contra los migrantes, que quiere llegar a la cancelación de la protección especial, sólo sirve para cubrir los retrasos y la incapacidad de este gobierno para indicar una dirección clara para sacar a nuestro país de sus dificultades económicas", dijo su portavoz en el Senado, Francesco Boccia.
El Gobierno decretó el pasado martes el estado de emergencia nacional migratorio durante los próximos seis meses en un intento, entre otras cosas, de potenciar las deportaciones mediante un aumento de los centros para identificar y repatriar a los inmigrantes que no tengan derecho al asilo.