En la primera comparecencia ante el tribunal, el juez desestimó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y los dos militares quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas, tras considerar que el delito imputado correspondía a apremios ilegítimos.
“Tuvieron la finalidad de castigar a las víctimas por su participación en manifestaciones sociales”, declaró el fiscal Raúl Espinoza este lunes, quien comentó que el tribunal acogió los planteamientos del Ministerio Público por lo que “dispuso la prisión preventiva para todos y cada uno de los ocho imputados en esta investigación”.
Uso excesivo de la fuerza policial
En octubre de 2019, se desataron en todo Chile protestas multitudinarias por las deficiencias en la prestación de servicios públicos, el aumento en el precio del transporte público y la desigualdad económica. La policía recurrió a un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, lo que levantó señalamientos por “violaciones generalizadas” a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad por parte de Naciones Unidas y Human Rights Watch.
Los episodios de violencia dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos y llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las manifestaciones.
No dejan atrás Constitución de la dictadura
Para encauzar el descontento social por la vía institucional, políticos de todos los sectores acordaron un proceso constituyente para dejar atrás la carta magna escrita en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada luego en 2005.
La propuesta de nueva ley fundamental fue rechazada por un 60 % de la población en septiembre y hoy la discusión constituyente vive una segunda fase con nuevas elecciones para conformar un nuevo órgano redactor en mayo próximo.