La operación nocturna se realizó en la madrugada del viernes cuando fueron desactivados los corredores aéreos que estaban operando para la salida de los mineros ilegales que operan en ese territorio de la Amazonía, según comunicó este sábado la FAB.
La acción, realizada en una pista clandestina próxima a la frontera con Venezuela y que terminó con dos personas detenidas, contó con el apoyo de fiscales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) y de la Policía de Carreteras del estado amazónico de Roraima (norte).
Un helicóptero de la Marina de Brasil, al servicio de la FAB y equipado con tecnología de visión nocturna, localizó la pista e incendió la primera aeronave que violó el cierre del espacio aéreo decretado a partir del pasado jueves.
El Gobierno adelantó en un mes el cierre definitivo del espacio aéreo sobre la reserva Yanomami, que estaba previsto para el 6 de mayo, después de una decisión conjunta tomada en marzo por los Ministerios de Justicia y de Defensa.
La decisión de adelantar para el 6 de abril el cierre del espacio aéreo sobre el territorio indígena obedeció a que casi la totalidad de los 20.000 mineros ilegales dejaron la región en las primeras semanas de avanzada de las autoridades.
En los últimos cuatro años, alentados por políticas impulsadas por el ahora expresidente Jair Bolsonaro, la minería ilegal tuvo una notable expansión en toda la región amazónica e incluso llegó a las tierras indígenas.
A mediados de enero pasado, el Gobierno del ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva descubrió una gravísima situación humanitaria y sanitaria en la tierra Yanomami, habitada por esa etnia en el norte del país.
Según las autoridades, una de las razones de esa crisis fue la masiva actividad de mineros ilegales, que han contaminado ríos con mercurio y devastado parte de ese territorio, habitado por cerca de 30.000 indígenas.
Lula ordenó la inmediata retirada de esos mineros, que llegaron a ser calculados en unos 20.000, y determinó el envío de una cuantiosa ayuda humanitaria a los indígenas, que durante los últimos años habían denunciado varias veces la situación, pero sin encontrar eco en el Gobierno.
En el primer mes de los intensos operativos por parte de las autoridades, la Policía destruyó 200 campamentos y confiscó 84 embarcaciones y 2 aeronaves, además de "inutilizar o aprehender" otros materiales.
En total fueron 27 toneladas de casiterita (bióxido de estaño), 11.400 litros de combustibles, 172 motores y generadores de energía, maquinaria de minería, motosierras, mercurio, equipos de internet satelital, teléfonos móviles, armas, municiones y alimentos.
De acuerdo con la Policía Federal, se instauraron también cuarenta investigaciones relacionadas a la minería ilegal que llevaron al bloqueo de 65 millones de reales (unos 5,4 millones de dólares) de cuentas bancarias de los sospechosos.