En una nota de prensa, la organización aseguró que familiares de las reclusas han reportado esta situación y que, ante la propagación de las enfermedades, "las presas son obligadas a usar tapabocas, pero no se los proporcionan y ellas mismas deben buscar la forma de protegerse".
El observatorio recordó que este centro de reclusión "alberga a 655 privadas de libertad, aunque la capacidad instalada es para 400 mujeres", lo que mantiene el penal en un "hacinamiento crítico".
"Desde OVP hacemos un llamado al Ministerio de Servicios Penitenciarios para que brinden atención médica oportuna y preventiva a esta población penal, así como también al personal penitenciario. El objetivo es evitar la propagación de enfermedades contagiosas que incluso puedan afectar a los familiares y las comunidades aledañas", apuntó la ONG.
El pasado 23 de marzo, esta organización presentó su informe anual en el que reveló que la desnutrición y la tuberculosis son las "primeras causas de muerte" en las cárceles de Venezuela, y que en 2022 fallecieron 76 presos, 55 de ellos "por hambre y falta de atención médica".
De acuerdo con el estudio, 2022 fue el año con el porcentaje más elevado de fallecidos por salud en cárceles, calculado en un 72,37 %.
A esta cifra se suman los decesos en calabozos de detención preventiva, donde el OVP computó 53 muertes, 27 de ellas "por condiciones de salud".