La Ley 376, que modifica artículos de la Ley 37 de 2009 que descentraliza la administración pública, fue publicada este viernes en la gaceta oficial firmada por el presidente Cortizo y el ministro de Finanzas, Héctor Alexander, y entrará a regir mañana 1 de abril.
Esta ley ha sido promulgada luego de que en abril de 2022 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró como "inconstitucional" que los funcionarios gozaran de las controvertidas licencias con sueldo, es decir, recibir dos salarios pagados por el Estado.
Las licencias con sueldo han sido señaladas por años por analistas y políticos independientes de Panamá como una de las varias vías que permiten desgreños administrativos, corrupción y clientelismo en diferentes niveles de gobierno.
"Sancionar una ley que permite a alcaldes o representantes escoger el mejor salario a pesar de no trabajarlo es totalmente desafortunado. ¡No hay vergüenza!", expresó en sus redes sociales el diputado independiente, Edison Broce.
En términos similares se refirió al asunto el también diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien aseguró que "solo hace unos meses el mismo presidente (Cortizo) dijo que esto (lo que hoy sanciona) era inconstitucional".
"El presidente avala con esto que alguien cobre por un trabajo que no realiza. Para eso sí hay dinero. Para el oncológico no hay. Para arreglar las calles no hay. Para las escuelas no hay", reclamó Vásquez, uno de los cinco legisladores independientes en la Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños, la mayoría en manos del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
En Panamá hay 81 alcaldes y 679 representantes de corregimiento, de acuerdo con la información oficial.
Los salarios de estos funcionarios han generado polémica especialmente en los últimos años y en medio de la crisis económica derivada de la pandemia de la covid, que elevó el desempleo y la informalidad en este país de 4,4 millones de habitantes, de constates denuncias sobre despilfarro en la administración pública.
En enero de 2022, el presidente Cortizo pidió a algunos alcaldes y ediles cuyos salarios superaban al suyo y llegaban a ser hasta 40 veces el salario mínimo del país, que se lo bajaran.