Los ministros de Energía de los países de la UE aprobaron la ley con 23 votos a favor, la abstenciones de Rumanía, Bulgaria e Italia y el voto en contra de Polonia. Alemania votó a favor, después de que la Comisión Europea y Berlín llegaran a un acuerdo este fin de semana.
La legislación prevé también, como paso intermedio, que en 2030 los coches reduzcan sus emisiones un 55 % respecto a los niveles de 2021 y las furgonetas un 50 % en esa misma fecha.
"No cambia el texto acordado con el Parlamento Europeo", sino que "aporta detalles sobre los pasos siguientes en la aplicación del reglamento" para incorporar los combustibles sintéticos o "e-fuels" a la normativa comunitaria, resumió la comisaria de Energía, Kadri Simson.
Estos combustibles artificiales -y actualmente muy caros- se producen a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono y, en teoría, resultan climáticamente neutrales porque solo emiten el CO2 previamente capturado y pueden usarse en vehículos con motor de combustión, aunque aún no han llegado a ese estadio de desarrollo.
Los "e-fuels" ya aparecían mencionados en el texto negociado, a petición de Alemania e Italia, pero la Comisión se daba hasta 2026 para volver a retomar la cuestión y dejar en ese lapso de tiempo que evolucione esa tecnología.
Sin embargo, en un trámite formal en la aprobación final de la normativa a inicios de marzo, Berlín paralizó la ley porque el tercer partido de la coalición de Gobierno de Alemania, los liberales del FDP, reclamaron más claridad sobre los electrocombustibles.
La maniobra no gustó en Bruselas ni a buena parte de los Estados miembros, pero fue necesario forzar una negociación para satisfacer a Alemania, primera potencia económica de la UE y primer fabricante automovilístico, y salvar una pieza clave de la política climática de la UE para descarbonizar la economía comunitaria.
La Comisión añadió una declaración política en la que se compromete a presentar un reglamento "sólido y a prueba de evasiones" para la homologación de ese tipo de vehículos, en colaboración con el Comité Técnico de Vehículos Motorizados.
El Ejecutivo comunitario presentará "en otoño de 2023" una pieza legislativa (acto delegado) que "especifique cómo los vehículos con 'e-fuels' contribuirían a los objetivos de reducción de emisiones de CO2, en relación con la regulación de las normas de emisión de CO2 para turismos y vehículos ligeros".
A ello le seguirá una propuesta legislativa sobre los "e-fuels" en 2026, tal y como preveía el texto desde el principio.
El motor no cambiaría respecto al de un coche con motor de combustión actual, pero sí lo haría la electrónica, de forma que el vehículo rechace arrancar si se ha cargado el tanque con combustible tradicional, de manera similar a los coches que no arrancan si el conductor ha bebido demasiado alcohol.
El acuerdo final permite sacar adelante una pieza clave de la política climática de la UE en la transición a una economía descarbonizada tras una maniobra que no ha gustado ni a la Comisión ni a muchos de los países de la UE.
El acuerdo deja fuera a los biocarburantes (obtenidos a partir de biomasa vegetal) porque siembre tendrán huella de carbono derivada de las prácticas agrícolas, una interpretación que Italia considera "muy restrictiva", por lo que ha pedido que la Comisión incluya los biocombustibles en el camino legal para buscar hueco a los combustibles sintéticos.
La legislación europea, en todo caso, está orientada hacia el motor eléctrico y las pilas de hidrógeno, al ser las únicas tecnologías actualmente escalables.
Por eso, y en paralelo, el Consejo de la UE y el Parlamento llegaron hoy a un acuerdo sobre infraestructura de recarga que obligará a los países a instalar puntos de carga para vehículos eléctricos al menos cada 60 kilómetros -y cada 120 kilómetros para camiones- así como estaciones de hidrógeno (hidrogeneras) cada 200 kilómetros.
"La dirección es clara: en 2035, los automóviles y camionetas nuevos deben tener cero emisiones. Aporta una gran contribución a la neutralidad climática para 2050 y es una parte clave del Pacto Verde", dijo tras la aprobación de la ley el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la política climática, Frans Timmermans.