Los querellantes Javier Almazán Luna y Miguel Ángel Ruiz, acompañados por el testigo e investigador Carlos Portomeñe, se presentaron a las 10.00 hora local (13.00 GMT) en el Juzgado Federal N°1 de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Servini, para prestar declaración en esta investigación.
"Considero que el Estado español tenía un plan de represión de cualquier tipo de oposición y que esta represión abarcaba todo tipo de procedimiento, incluso el asesinato, y que por lo tanto es un delito de lesa humanidad, imprescriptible", aseguró a EFE Javier Almazán, cuyo hermano Ángel "fue asesinado a golpes" por la Policía en una manifestación en 1976.
Almazán afirmó sentir "expectación" por la futura resolución de este caso por parte de la Justicia argentina, la "única jurisdicción" que, hasta ahora, "ha escuchado" sus demandas.
"Sabemos cómo funciona la Justicia y Argentina no es una excepción. No voy a decir que confíe en que esto se va a llevar adelante, pero al menos que se escuche nuestra voz, eso es importante", señaló.
En esta misma línea se pronunció Ruiz, "satisfecho" por ofrecer un testimonio que, en sus palabras, prueba la "participación del Estado (español) en los crímenes que se cometieron durante la transición", especialmente por medio del exministro Rodolfo Martín Villa, al que describió como un "genocida".
"Tengo esperanza, porque el testimonio nuestro de hoy aporta pruebas fehacientes de la participación del Estado en aquellos crímenes", aseveró a EFE Ruiz, quien reclama justicia por su hermano Arturo, asesinado por un ultraderechista en una manifestación en 1977.
LA QUERELLA ARGENTINA
La Justicia argentina conduce la única causa en la que se investigan los crímenes cometidos en España tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que dio origen a la Guerra Civil (1936-1939), hasta 1978, cuando se aprobó la Constitución, tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco.
Estos delitos nunca pudieron ser investigados en España porque la Ley de Amnistía de 1977 impide juzgar a los responsables de la dictadura franquista en territorio español.
En este contexto, la conocida como "querella argentina" fue promovida a partir de 2010 por diversos colectivos y familiares de víctimas de la guerra y de la dictadura españolas para que se investiguen presuntos delitos de lesa humanidad que no se indagan en España.
Se estima que hay al menos 1.000 querellantes en el expediente, que ya tiene varios imputados, aunque solo tuvo a Martín Villa como procesado, y que sigue en fase de instrucción.
La jueza dictó una orden de detención contra el exministro en octubre de 2014 y le tomó declaración por videoconferencia en 2020, tras lo que decidió procesarlo en 2021, lo que fue recurrido por el exministro con el argumento de que no se había hecho "una verdadera investigación judicial" y en el proceso había habido "una manifiesta parcialidad".