El origen del proceso es una querella de un particular contra un exsacerdote condenado por abusos sexuales, contra el Arzobispado y contra dos exarzobispos, Georg Ratzinger -el difunto Benedicto XVI- y el cardenal Friedrich Wetter, su sucesor en el cargo.
Desde el punto de vista del derecho penal, el juicio -para el que deberán comparecer el exsacerdote condenado, de 76 años, y un representante del arzobispado- ya no tiene relevancia, pues los posibles delitos han prescrito.
Por el contrario, se trata de determinar el grado de responsabilidad de la jerarquía eclesiástica en un caso de abusos particularmente grave y es posible que se asigne a la víctima que presentó la querella una indemnización por daños morales.
El excura identificado como "Peter H." abusó sexualmente durante décadas de por lo menos 29 niños y, a pesar de que el Obispado de Essen (oeste) tenía conocimiento de sus tendencias pedófilas, no le suspendió, sino que le trasladó a la archidiócesis de Múnich y Frisinga, donde fue asignado a diversas parroquias.
El arzobispo Ratzinger participó en la reunión en la que se decidió el traslado, pero en vida el papa emérito siempre negó haber estado al corriente del historial del sacerdote, a pesar de la existencia de pruebas que indican lo contrario.
El juicio en Traunstein debía comenzar originalmente este mes de marzo, pero la defunción de Ratzinger complicó la situación, puesto que para mantener la unidad del proceso se hace necesario determinar quiénes son los herederos legales del papa emérito, algo que no ha sido posible hasta ahora.
El antiguo secretario de Ratzinger, Georg Gänswein, informó recientemente de que el difunto legó parte de sus bienes materiales a cinco primos y primas, pero estos todavía no han manifestado oficialmente si aceptan dicha herencia, una suma de la que el tribunal podría en teoría ordenar el pago de una compensación a las víctimas del exsacerdote.
Esta semana, la fiscalía de Múnich (sur) anunció que ha archivado la investigación contra el difunto papa por posible complicidad de los abusos ocurridos cuando era arzobispo al no existir "sospecha suficiente" de actuación delictiva y porque, de haberse dado ésta, ya habría prescrito.