El año pasado se registraron un total de 9.903 casos de personas investigadas como supuestos miembros o asociados de organizaciones criminales japonesas, un descenso de 1.832 respecto al año precedente, según cifras de la Agencia Nacional de Policía.
Se trata del volumen más bajo desde que las autoridades niponas comenzaron a aplicar en 1991 una nueva normativa contra los sindicatos del crimen.
El número total de afiliados a estas organizaciones ascendió a 22.400 en 2022, lo que también marca un descenso interanual de 1.700.
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Las autoridades niponas señalaron que esta tendencia se debe a la intensificación de los esfuerzos para controlar a estos grupos, que cada vez cuentan con menos vías de financiación y con menor número de integrantes.
No obstante, también señalaron que las agrupaciones yakuza se han hecho más flexibles en ese contexto, dejando atrás sus tradicionales estructuras jerárquicas y dificultando que se pueda medir con exactitud la magnitud de sus actividades.
De los cerca de 10.000 supuestos yakuza investigados, 2.141 lo fueron por violación de la ley de antidrogas, otros 1.424 por fraudes y otros 1.142 por crímenes violentos.
Entre ellos hubo siete incidentes relacionados con la guerra de bandas abierta tras la escisión en 2015 de la Yamaguchi-gumi, una de las mayores organizaciones yakuza de Japón.
Asimismo, en Japón se registraron en 2022 un total de nueve tiroteos conectados o no a la yakuza, lo que resultó en cuatro muertes, según los datos de la policía.
Uno de esos cuatro fallecidos fue el ex primer ministro japonés Shinzo Abe, asesinado el pasado julio en un acto electoral celebrado en plena calle a manos de un hombre que le disparó con un arma de fabricación casera, y cuyo móvil fueron los supuestos vínculos del mandatario con una organización religiosa.
La ley del país asiático permite la existencia de los grupos yakuza siempre que no hayan sido etiquetados como "violentos" o "conflictivos", y para controlarlos les obliga a contar con sede fiscal propia y a registrar a sus afiliados.
Las normativas niponas en vigor desde 2011 impiden a los yakuza operar cuentas bancarias y penalizan a las empresas que hagan negocios con estas organizaciones, entre otras limitaciones.
Hasta comienzos de la década de 1990 la yakuza estaba muy arraigada en la sociedad japonesa y ostentaba su poder presentándose a elecciones locales y organizando conciertos y otros eventos de recaudación de fondos.